SUQUIA
Por dos votos a uno, la Sala II del tribunal ordenó hacer lugar a la reapertura de la investigación contra la vicepresidenta. El fiscal Marijuan había dictaminado dar por terminada con la acusación tras diez años de trámite, pero una ONG pidió ser querellante y apeló. Ahora la causa vuelve a Casanello.
La vicepresidenta Cristina Fernández seguirá siendo investigada en la causa conocida como la “ruta del dinero k”, por la que ya fueron condenados a prisión el empresario santacruceño Lázaro Báez, sus hijos, el arrepentido Leo Fariña y un grupo de financistas, entre otros. Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, por dos votos a uno, la Cámara Federal hizo lugar a un planteo de una ONG que se convirtió en querellante en la causa, y revocó el sobreseimiento de la ex jefa de Estado, que había firmado el juez Sebastián Casanello, a instancias del fiscal Guillermo Marijuan y con el aval de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La orden de reabrir la investigación sobre CFK se trató de una decisión dividida. El juez Eduardo Farah votó en minoría por rechazar el planteo. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, en cambio, hicieron lugar al reclamo de la asociación civil Bases Republicanas, ligada al macrismo. No aceptaron declarar la nulidad del dictamen del fiscal Marijuan el 24 de mayo pasado, como pretendía la ONG, pero sí dispusieron que el juez dé trámite al planteo del nuevo querellante como acusador.
La suerte de la reapertura de la causa parecía un secreto a voces cuando el 17 de agosto la Cámara Federal, con la misma conformación, aceptó a esa ONG como querellante. Fue también en esa sintonía que la defensa de CFK sostuvo que estaba siendo perseguida políticamente y pidió la recusación de los dos jueces Bertuzzi y Llorens que habían hecho lugar a ese nuevo acusador. Farah, no obstante, rechazó apartarlos por entender que no estaban dadas las condiciones para aceptar ese planteo.
El caso, conocido como La ruta del dinero K, comenzó en abril de 2013, y gran parte de esa investigación ya se debatió en juicio. Allí Lázaro Báez fue condenado junto a otros 17 imputados, entre ellos sus hijos, por haber llevado adelante s maniobra millonarias de lavado de dinero, que rondaron los 55 millones de dólares. En el juicio oral se sostuvo que ese dinero provenía de la facturación ilegal y de la obra pública. En Casación confirmaron las condenas, aunque bajaron las penas. Y solo uno de los votos ratificó que el dinero venía de la obra pública.
En instrucción, sin embargo, siguió tramitando la acusación contra Cristina Fernández, señalada por su vinculación en esas presuntas maniobras de lavado. Fue la única causa en la que fue llamada a declarar y no fue procesada. “No tuve que ver con estas maniobras, ni directa ni indirectamente”, dijo CFK cuando fue llamada a indagatoria. “Jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”, agregó. El juez Sebastián Casanello dictó su falta de mérito, confirmada en marzo de 2019 por la Cámara Federal, que -no obstante- ordenó una serie de medidas a profundizar.
En 2022, su defensa pidió su sobreseimiento, pero retiró el planteo ante lo que avizoraba iba a ser una respuesta negativa de la Cámara Federal. Para la defensa, “este proceso fue utilizado por los opositores políticos de Cristina Fernández de Kirchner para denostar su figura”.
El 24 de mayo pasado, el fiscal Guillermo Marijuan, que impulsó la causa durante una década, sostuvo: “No tengo duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez”. Habló de “entrañable cercanía, vínculo y amistad” con el matrimonio presidencial. Y para demostrarlo no solo habló de las pruebas que hay en otras causas en donde ambos están imputados. Sin embargo, afirmó que así y todo eso no alcanzaba para poder avanzar en la investigación contra la vicepresidenta. A su criterio, el fallo de Casación había cercenado su hipótesis. Y por eso pidió el sobreseimiento de la ex jefa de Estado.
Ante el pedido de sobreseimiento, la asociación civil Bases Republicanas buscó ser parte de la causa. Valeria Viola, presidenta de la entidad, indicó que Lázaro Báez y su grupo actuaron como testaferros por cuenta y orden de Néstor y Cristina Fernández. En aquel momento, el juez Casanello rechazó a la entidad como querellante en una causa que tiene “más de diez años de iniciado el trámite, en un momento donde el proceso ha quedado sin acusador y con un objetivo puntual: solicitar la nulidad del último dictamen fiscal”.
Pero la Cámara Federal hizo lugar a que fuera querellante y quedó en condiciones de resolver si caía el sobreseimiento de Cristina Fernández. Por mayoría, el fallo ordenó este martes volver a investigar a la vicepresidenta que el 10 de diciembre se aleja de la función pública.
