SUQUIA
El fiscal de Casación Mario Villar iniciará este lunes en Comodoro Py las audiencias para revisar la causa por las obras a Lázaro Báez.
El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, pedirá que la condena a la expresidenta Cristina Fernández por las obras viales en Santa Cruz se agrave por el delito de asociación ilícita y que pase de 6 a 12 años de prisión. También que sean condenados los absueltos en el juicio oral -entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido- y que se confirme el decomiso de $84 mil millones que ordenó el tribunal.
Todo ocurrirá en una serie de audiencias que comenzarán este lunes desde las 11 en los tribunales de Comodoro Py y que será el inicio por parte de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de la revisión del fallo que en diciembre del 2022 dictó el Tribunal Oral Federal 2. La audiencia es presencial -se estima que se hará en la sala AMIA de Comodoro Py- y se transmitirá por YouTube.
La audiencia de hoy será la primera de un total de seis, las cuales finalizarán en abril. Durante estas, las partes expondrán sus argumentos. Después del fiscal será el turno de las defensas de los 13 acusados que tuvo el juicio. El cronograma de audiencias está previsto para este lunes, el jueves, el 7, 14 y 21 de marzo y 4 de abril. La de la defensa de Cristina Fernández será el día 7 del próximo mes.
Hay posibilidades que la expresidenta exponga. Primero su defensa puede pedir que hable el 7 de marzo. Aunque esa posibilidad no está contemplada en la ley, Cristina ya lo hizo en el caso del dólar futuro. Además, se espera que Casación convoque a los acusados a una audiencia de visu. Esto ocurre cuando el tribunal cita a los imputados para conocerlos personalmente y hacerles preguntas sobre su vida. Es antes de dictar su resolución y tras las jornadas en las que las defensas exponen sus argumentos.
Cuando todo ese proceso finalice, Casación quedará en condiciones de resolver el caso para lo que la ley le da 20 días hábiles. En este expediente la decisión será de los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.
El 7 de marzo, no solo será el turno de la defensa de CFK, sino también el de los representantes legales de José López.
La seguidilla de audiencias, que serán presenciales, incluirá a los abogados de Mauricio Collareda y Osvaldo Daruich el 29 de febrero, y a los de Raúl Santibáñez, Carlos Villafañe y Raúl Pavesi el 14 de marzo. El 25 de marzo será la oportunidad de las defensas de Nelson Periotti y Lázaro Báez; mientras que la última audiencia está fijada para el 4 de abril, oportunidad en la que expondrán los abogados de los exfuncionarios absueltos, entre los que está Julio De Vido.
La condena
El Tribunal Oral Federal 2 condenó en diciembre del 2022 a Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. La Vicepresidenta, además, recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.
En el juicio -el primero que afrontó Cristina- el fiscal Diego Luciani había pedido condena para todos los acusados. También que al caso se aplique el delito de asociación ilícita y que la ex presidenta sea condenada a 12 años de prisión. Por mayoría, el tribunal rechazó el delito de asociación ilícita. Tras el fallo, Luciani apeló y lo propio hicieron las defensas de quienes fueron condenados.
El caso llegó a Casación donde primero el fiscal Villar sostuvo la apelación de su colega de juicio y después por escrito expuso por qué en la causa se debe aplicar la asociación ilícita y que las penas se eleven. Hoy lo hará de manera oral ante los jueces.
En el juicio, el tribunal oral dio por probado que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el empresario Báez recibió de manera irregular obras públicas viales para la provincia de Santa Cruz. Una prueba clave fue la que el fiscal Luciani llamó en el juicio oral el plan “limpiar todo”. Se trató de los mensajes de WhatsApp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares.
Esos mensajes dan cuenta de reuniones de López con Cristina Kirchner, con Báez, comunicaciones con Julio Mendoza -presidente de Austral Construcciones- y de encuentros del empresario con la entonces presidenta en noviembre de 2015, a pocos días de que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la Nación. Allí se hace referencia a que Báez tenía que cobrar todo lo que sé le adeudaba antes que Cristina Kirchner deje el gobierno para después cerrar las empresas.
“La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas fue dirimente”, dijeron los magistrados del tribunal en su condena.
En los argumentos que el fiscal Villar ya expuso por escrito sostuvo que “Fernández fue la jefa de la organización imputada” y que “al constituirse la asociación ilícita resulta claro que tenía planes de múltiples delitos, todos lo que fueran necesarios para tergiversar el sistema de asignación legítimo de la obra pública, pudiéndose hacer de esos fondos, en todas las ocasiones que pudieran hacerlo, mientras permanecieran en el poder”.
Por su parte, la defensa de Cristina también presentó sus argumentos por escrito. El abogado Alberto Beraldi habló de “la absoluta inocencia de Cristina Fernández de Kirchner” y calificó de “inadmisible e improcedente” la apelación del fiscal Luciani. “Los fiscales prácticamente nada dijeron en su recurso, dejando así en evidencia la ausencia de argumentos que permitan justificar la procedencia de su impugnación, al menos en lo que respecta a nuestra asistida”, sostuvo Beraldi sobre el pedido de condena a 12 años de prisión.
Respecto de la asociación ilícita, la defensa planteó que “no basta con efectuar expresiones grandilocuentes y hacer alusión a la presunta gravedad de los hechos, la supuesta necesidad de imponer un castigo ejemplar, la declamada lucha contra la corrupción o cualquier otra frase efectista carente de sustento jurídico, propia de ámbitos ajenos al derecho”.
Lo que resuelva la Cámara de Casación tras las audiencias puede ser apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
