SUQUIA
Era una de las investigaciones que buscaban demostrar el lawfare contra el kirchnerismo. Un fallo descartó que el delito hubiera existido.
La causa por la llamada “mesa judicial”, que fue impulsada para investigar si el gobierno de Mauricio Macri presionó a jueces para lograr fallos favorables o castigar a aquellos que firmaban resoluciones adversas y se convirtió en uno de los ejes discursivos de la hipótesis de lawfare del kirchnerismo, está a punto de quedar en la nada.
Es que el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano, su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y varios de sus exfuncionarios fueron sobreseídos por entender que nunca existió delito y que, a lo largo de cuatro años, no se encontraron pruebas que sustentaran esa hipótesis, revelaron fuentes judiciales. Para los denunciados, todo se trató de un discurso articulado frente a funcionarios del kirchnerismo que tenían problemas en la Justicia. Sin nombrarla, aludían a la expresidenta Cristina Fernández.
El fallo, que fue firmado hace unas semanas pero hasta ahora no había trascendido, estableció una serie de puntos clave: el principal es que los jueces o funcionarios que fueron supuestamente presionados nunca hicieron la denuncia en aquel momento, pese a que estaban obligados en su calidad de funcionarios públicos. Además, cuando fueron a declarar, afirmaron que no se habían sentido afectados ni habían torcido sus decisiones judiciales por las causas en las que intervenían.
“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, sostuvo el fallo firmado por la jueza María Eugenia Capuchetti.
Es más, afirmó la letrada, “tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”. Todo este escenario “evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones”.
Pero el fallo también advirtió que las investigaciones abiertas en el Consejo de la Magistratura no podían ser consideradas como un factor de presión porque desvirtuaría la interpretación sobre los resortes establecidos para evaluar la labor de magistrados. “De lo que no hay dudas es que funcionarios allegados al gobierno de ese entonces efectivamente formalizaron denuncias contra los magistrados. (Pero) las presentaciones por faltas disciplinarias presentadas ante el Consejo de la Magistratura, así como las acciones y decisiones de los consejeros encargados de investigar y resolver estas denuncias, no deberían ser vistas como una amenaza inminente para el funcionamiento adecuado de las instituciones”, enfatizó.
Tampoco podía incluirse como parte de esas supuestas presiones la actividad de la prensa. “Los magistrados y miembros del sistema judicial estamos sujetos a un escrutinio público y, frecuentemente, nuestras decisiones son objeto de debate y discusión en los medios de comunicación. Esto es esencial para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema democrático. En definitiva, el escrutinio mediático no necesariamente puede constituir una presión inapropiada”, se advirtió. Un peritaje que había impulsado la fiscalía sobre tuits y likes en redes sociales de opositores ya había sido rechazado por la Cámara Federal por entender que se violaba la libertad de expresión.
El fallo entendió que no existió delito y por eso se sobreseyó por “falta de acción” a Macri, Garavano, al exsecretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, al exministro de Trabajo Jorge Triaca, a la entonces diputada Graciela Ocaña, al exsubsecretario de Justicia y hoy jefe de fiscales porteños Juan Bautista Mahiques y al asesor presidencial “Pepín” Rodríguez Simón.
El disparador que puso en jaque el futuro de la causa fue un planteo de Garavano. En su presentación, hecha el año pasado, en el gobierno anterior, el exministro de Justicia sostuvo que las pruebas demuestran que nunca existieron las supuestas presiones, sino que todo tuvo una intencionalidad política: “La estrategia de sostener el ‘inventado’ concepto de ‘lawfare’ en busca de beneficios en procesos penales en los que se encuentran involucrados ‘funcionarios de altísimo rango del signo político de los legisladores que hicieron la denuncia original’“.
El fallo por los sobreseimientos de Macri y el resto de los investigados fue apelado por el fiscal Franco Picardi: cuestionó la decisión de hacer lugar al planteo que dice que no hubo delito como forma de cerrar la causa y dijo que todavía quedaban medidas en curso.
Si bien su apelación analiza la situación en su conjunto para insistir en la hipótesis delictiva, el dictamen de Picardi apuntó especialmente a la situación de Rodríguez Simón —hoy prófugo de la Justicia, en el marco de otro expediente, el que denunciaron los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por la causa Oil Combustibles— y el caso de la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, indicaron fuentes judiciales.
Las figuras mencionadas como damnificadas en la causa fueron Alejandra Gils Carbó -ex Procuradora General de la Nación-; Ana María Figueroa -integrante de la Cámara Federal de Casación Penal hasta el año pasado cuando terminó jubilándose en medio de polémica tras cumplir 75 años-; Luis Raffaghelli -juez de la Cámara del Trabajo-; Martina Forns, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín-; Mirta Graciela González Burbridge -jueza laboral titular-; Alejo Ramos Padilla -actualmente titular del Juzgado Federal 1 de La Plata-; Diana Cañal -jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo-; Eduardo Freiler -exintegrante de la Cámara Federal porteña, destituido en juicio político-; Luis Aníbal Raffaghelli -juez integrante de la Cámara del Trabajo-; Eduardo Farah -integrante de la Cámara Federal porteña-; Marcela Pérez Pardo -jueza de la Cámara Nacional en lo Civil-; Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert -exmiembros de la Cámara del Trabajo-.
Garavano estructuró su presentación pidiendo poner atención en el tiempo, modo y contexto en que se inició la causa: el expediente fue impulsado en 2020, en los inicios de la gestión de Alberto Fernández, por el entonces diputado del Frente para la Victoria Martín Soria, quien luego sería ministro de Justicia del gobierno. Fue luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner difundiera el contenido de una entrevista radial que había dado horas antes la entonces jueza de Casación Ana María Figueroa, en la que hablaba de una supuesta “presión” de un funcionario del Ministerio de Justicia, al que la jueza originalmente no identificó.
Todo habría ocurrido en diciembre de 2015 cuando el entonces funcionario le habría preguntado en su despacho cuándo iba a salir una decisión de Casación que analizaba si se reabría la denuncia de Alberto Nisman por la causa Memorándum con Irán. Vale aclarar: el fallo por el Memorándum salió un año después de esa fecha y la entonces jueza votó junto a sus colegas de sala por reabrir la denuncia de Nisman.
Garavano subrayó que Figueroa decidió hacer pública esta situación en mayo de 2020 en un programa de radio “después de haber guardado silencio por más de cuatro años”: no había denunciado el hecho luego de ocurrido (como legalmente manifestó que correspondía), no había utilizado los resortes administrativos de la Cámara que integraba para poner en conocimiento de sus colegas lo acaecido, no había efectuado reclamo alguno por esta cuestión al propio Ministerio de Justicia, ni tampoco lo había puesto en conocimiento de la justicia al terminar el mandato de la administración que supuestamente la había presionado. A su criterio, todo demostraba que las presiones no ocurrieron.
A la lista le sumó su análisis sobre los otros jueces cuando fueron convocados por esta causa: la jueza Martina Forns dijo que “no se consideraba víctima de presión alguna”; y el camarista Eduardo Farah afirmó: “No sufrí presiones ni injerencias de ningún tipo para influir en mi voto” en la causa Oil Combustibles “ni en otros casos que me haya tocado intervenir”.
Sobre los jueces laborales, Garavano recordó que la exjueza de Trabajo Graciela Marino sostuvo que no había sufrido presiones personales durante la gestión de gobierno de Mauricio Macri, ni había recibido visitas del Ministerio de Trabajo encabezado por Jorge Triaca; y lo mismo dijeron sus colegas del fuero, Diana Regina Cañal y Rodríguez Brunengo. El juez Enrique Arias Gibert solo aludió a presiones por medios públicos. Y el camarista Luis Raffagheli señaló que los supuestos aprietes eran en realidad “un clima de hostilidad” contra el fuero del trabajo, sin identificar a funcionario alguno.
Garavano añadió que de la declaración de Pérez Pardo no se desprendía que alguna persona en particular le hubiera ejercido presiones, sino que se limitó a relatar circunstancias vinculadas a trámites de expedientes, recursos presentados, publicaciones periodísticas y la actividad del Consejo de la Magistratura.
Uno de los puntos centrales de la presentación aludió al capítulo de Gils Carbó. La exjefa de los fiscales narró que las presiones del Gobierno de Mauricio Macri, orientadas a obtener su renuncia, comenzaron en la campaña electoral y que se usaron causas penales y medios públicos para presionarla a ella y a su familia. Según dijo, colaboradores le hicieron saber que el entonces fiscal Gabriel De Vedia se había reunido con un asesor presidencial, Rodríguez Simón, y el mensaje había sido que si no renunciaba, iría presa.
Pero Garavano afirmó que, tal como había sucedido en el caso de Ana Figueroa, el propio De Vedia había contado a un medio “de afinidad política” con el kirchnerismo los detalles de aquellas supuestas presiones que nutrieron la denuncia, cuando estaban en el poder Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Garavano subrayó que ni Gils Carbó ni De Vedia ni los otros colaboradores denunciaron los hechos en ese momento, pese a que era su obligación como funcionarios.
Según recordó, Gils Carbó explicó: “No lo hice por el mismo motivo por el que las víctimas de los delitos de lesa humanidad no denunciaban a los represores… había un aparato estatal organizado contra mí… era De Vedia el que tenía que hacer la denuncia”. “Si había alguien que debía efectuar la denuncia era la Procuradora General de la Nación”, sostuvo Garavano.
Por último, Garavano también fustigó el uso que se le había dado durante el 2019 a la presentación que había hecho el relator especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, Diego García Sayán. Según sostuvo, el entonces funcionario solo hizo un pedido de informes a la Argentina sobre la base de una denuncia que recibió de organismos de derechos humanos, pero los denunciantes “deliberadamente afirmaban que el relator indicaba lo que en realidad preguntaba al Estado argentino, con el fin de confundir respecto a la real entidad y alcance del documento”.
“La teoría esbozada en autos por los denunciantes y algunos magistrados, conocida como ‘lawfare’, no solo es un invento inaceptable, sino que es una burla a las instituciones, especialmente el desenvolvimiento del Poder Judicial, cuya actividad se ve desprestigiada injustamente por quienes sostienen esa hipótesis, en el solo interés de resolver sus situaciones procesales por vías indirectas… A esto se suma la gravedad institucional que importa el alcance de lo denunciado, que involucra a distintos funcionarios de la anterior administración, del más alto rango… En función de todo ello, corresponde se haga lugar al planteo efectuado y se dicte auto de sobreseimiento”, afirmó.
La jueza corrió vista a las partes para que opinaran. Tanto las defensas de Pablo Clusellas como de Jorge Triaca acompañaron el pedido y sostuvieron que “la prolongación de la investigación, sin rumbo, implicaba a su criterio una excursión de pesca”.
Para la fiscalía, sin embargo, los argumentos de las defensas eran “meramente valorativos y conjeturales” y había que seguir investigando. Que las conclusiones eran prematuras y había medidas en trámite, y que no podía aceptarse la salida de una falta de acción. “Las aseveraciones de las defensas relativas a que las denuncias y/o testimonios habrían sido articulados con fines políticos podrían constituir una teoría del caso válida como método de defensa, pero no resultaban adecuadas para fundar el remedio procesal intentado, y se apoyaban en circunstancias conjeturales”, afirmó.
La resolución judicial
Valorado el escenario, la jueza Capuchetti hizo lugar al planteo y dictó los sobreseimientos. Lo primero que advirtió es que “las críticas al Poder Judicial, sean a través de medios públicos o de los sistemas institucionales previstos para la revisión del desempeño de sus integrantes (siempre dando a los magistrados denunciados las garantías del debido proceso y haciendo primar criterios jurídicos en el procedimiento), no pueden ser consideradas una vulneración a la garantía de independencia judicial”.
“Transitada una extensa investigación que insumió más de cuatro años y relevado el itinerario procesal que aquí nos ha traído, la tarea que se impone no es un nuevo repaso de toda la prueba producida, sino en primer lugar, el someter el objeto procesal de estos actuados al tamiz de la tipicidad, a fin de determinar si existe una verdadera sospecha susceptible de encuadre delictivo”, dijo. Para la jueza, las conductas denunciadas “no constituyen delito alguno, ni tampoco las probanzas sugieren una alternativa plausible”.
“La gran amplitud de los límites de esta investigación, y consecuentemente de las vías para acreditar las hipótesis, ha importado una frondosa y diversa actividad probatoria que, inevitablemente, ha desdibujado en ocasiones la frontera del objeto procesal”, dijo la jueza, quien agregó: “Bajo ningún punto puede soslayarse que las presuntas víctimas de las conductas denunciadas son o eran funcionarios públicos, encargados de aplicar el derecho en el reparto de tareas republicano y, en ocasiones, encargados de tareas vinculadas a la administración de justicia penal… La inexistencia de tal asociación ilícita no surge solo de la prueba recolectada (que mal conduce a corroborar una coordinación jerárquica, una distribución de roles y un plan con acuerdo previo y común para cometer delitos indeterminados), sino también de las propias conductas denunciadas”.
No obstante, Capuchetti ordenó extraer testimonios para que otro juez analice las distintas búsquedas que se hicieron sobre algunos de los funcionarios judiciales en bases de datos. El ex policía y supuesto agente inorgánico Ariel Zanchetta, detenido en la causa por el megaespionaje a jueces de Comodoro Py y la Corte Suprema, ya había, por ejemplo, buscado al ex camarista Eduardo Freiler en las bases de SudamericaData.
Con los sobreseimientos firmados, la fiscalía apeló. Hubo que notificar a todos los involucrados porque algunos ni siquiera habían presentado abogados en el expediente. Ahora, la revisión de la causa quedó en manos de la Cámara Federal porteña, para cuando se reanude la actividad habitual en febrero, en los tribunales de Comodoro Py 2002.
