SUQUIA
La vicepresidenta instruyó a su abogado para que pida una nueva audiencia para mañana, antes de conocer el pedido de condena de la fiscalía.
Luego de nueve audiencias presentando evidencias contra la vicepresidenta Cristina Fernández, el fiscal federal Diego Luciani concluirá este lunes sus alegatos en el juicio oral que investiga el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, a favor del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos kirchneristas. Pedirá que la exjefa de Estado sea condenada e inhabilitada a ejercer cargos públicos.
En ese marco, la vicepresidenta pidió ampliar su declaración indagatoria y así lo informó en sus redes sociales. “He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, tuiteó.
Y agregó que tomó esa decisión “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel”. Incluso, dijo que “los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
Hasta las 10.30 de la mañana, la defensa de Cristina Fernández no había presentado formalmente ningún pedido, más allá de lo que anunció vía Twitter.
En Tribunales receptaron el anuncio de la vicepresidenta con sorpresa. Si bien técnicamente cualquier imputado puede utilizar cualquier momento del juicio para declarar, las veces que quieran, ese periodo termina al momento de iniciarse los alegatos; que es cuando cada parte evalúa todo lo que sucedió en el proceso.
Cada acusado tiene la posibilidad de decir sus “ultimas palabras” antes del veredicto, después de que hubiera hablado los acusadores y las defensas. Por eso, ahora, vendrá la discusión acerca de si la Vicepresidenta tiene posibilidad de hablar ahora. Una negativa por parte del Tribunal será leída por la acusada y sus seguidores como una nueva demostración de lawfare.
“Es un disparate que tiende a ensuciar el juicio. Los defensores debieron pedirlo antes del inicio de los alegatos. Ahora es etapa de alegatos”, afirmó a Infobae un funcionario judicial, quien lanzó una hipótesis de lo que podría ocurrir. “La otra posibilidad es que asuma su propia defensa como codefensora y que alegue. Jamás lo vi”.
Según el artículo 393 del Código Procesal Penal, “terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al actor civil, a la parte querellante, al ministerio fiscal y a los defensores del imputado y del civilmente demandado, para que en ese orden aleguen sobre aquéllas y formulen sus acusaciones y defensas. No podrán leerse memoriales, excepto el presentado por el actor civil que estuviere ausente (…) El presidente podrá fijar prudencialmente un término para las exposiciones de las partes, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, los puntos debatidos y las pruebas recibidas. En último término el presidente preguntará al imputado si tiene algo que manifestar, convocará a las partes a audiencia para la lectura de la sentencia y cerrará el debate”.
A pesar de que la acusación del fiscal Luciani fue sustentada con chats, documentos, testimonios y hasta un testamento, desde el Frente de Todos consideran que todo se trata, en realidad, de una “persecución judicial”.
En ese sentido, hubo comunicados, tuits, declaraciones públicas, entrevistas, programas de televisión y radio y solicitadas impugnando la tarea de los fiscales y los jueces, desde la primera instancia y hasta la Corte Suprema, que intervinieron en una causa que lleva años y recién ahora está en juicio oral.
