En la primera sesión ordinaria del 146° período legislativo, la Legislatura de Córdoba rechazó la eliminación del Fondo Compensador del Interior que subsidia el Transporte Público de Pasajeros, que fuera creado por Ley Nacional Nº 27467.
La Unicameral lo hizo a través de los cuatro proyectos de declaración presentados por diferentes bloques, tras una extensa sesión en la que más de una veintena de legisladores expusieron sus fundamentos.
Los legisladores votaron a favor de las iniciativas presentadas por Hacemos Unidos por Córdoba; de Dante Rossi y Sebastián Peralta; de Miguel Nicolás, Graciela Bisotto, Matías Gvozdenovich, Alfredo Nigro, Oscar Saliba, José Bria e Inés Contreras; y de Karina Bruno, quienes con diferencias coincidieron en el rechazo a la quita.
En forma separada, se rechazó el proyecto de resolución de la legisladora Ferrero, quien proponía instar al poder ejecutivo provincial a adherir al programa Sube y que se eliminen los gastos para compensar la quita de los subsidios nacionales al transporte.
También se aprobó la designación de miembros del Jurado de Enjuiciamiento que quedó integrado por los legisladores Julieta Rinaldi y Facundo Torres Lima por Hacemos Unidos por Córdoba y por la minoría Miguel Nicolás y Walter Gispert, en calidad de titulares. Como suplentes resultaron electos Leonardo Limia, Verónica Navarro Alegre, Daniela Gudiño y Viviana Martoccia.
Por otra parte, la Unicameral aprobó la titularización de los casi dos mil docentes que se desempeñan en la Modalidad Jóvenes y Adultos en centros educativos de nivel secundario presencial y semi presencial y a distancia. El proyecto había sido presentado en las últimas sesiones del periodo anterior por la legisladora mandato cumplido, Sara García.
Por último, se resolvió por mayoría la ampliación, de 22 a 30, la cantidad de comisiones permanentes y delegó la designación de las autoridades en la presidencia de la Cámara. Además, se incrementó la cantidad de integrantes en cuatro de las comisiones modificando los artículos 60 y 63 al 78 bis del Capítulo II, sin que implique aumento del presupuesto para su funcionamiento. De acuerdo a lo fundamentado, estas modificaciones apuntan a favorecer la participación de todas las fuerzas políticas en el debate de los diferentes temas.
Finalmente, se rechazó el proyecto de Rodrigo Agrelo que proponía la no obligatoriedad de uniformes en todos los establecimientos educativos de Córdoba durante 2024.