SUQUIA
Al menos 28 mujeres que se encontraban alojadas en una comisaría de la localidad bonaerense de La Tablada fueron víctimas de abusos sexuales y vejaciones, según determinó la Justicia en las últimas horas.
Por los hechos, ocurridos entre septiembre de 2019 y principios de este año, fueron procesados nueve policías acusados de los delitos de “severidades, abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por funcionario de la fuerza policial y vejaciones agravadas”.
Fuentes judiciales informaron a la agencia Télam que la jueza de Garantías 1 de La Matanza, Mari Castillo, coincidió con la acusación planteada por los fiscales de la causa, Fernando López y María Julia Panzoni, de la Ayudantía Fiscal especializada en delitos de Gravedad Institucional.
La magistrada judicial señaló además que hubo “situaciones de humillación, abuso, discriminación y destrato, entre otras vivencias que generaron sentimientos de indefensión, temor y angustia, siendo la piedra angular de tales diagnóstico, asimilables a los episodios narrados en autos”.
Cabe destacar que el principal acusado fue identificado como el subcomisario Lionel Gómez, quien estaba a cargo de la seccional cuando se produjeron los hechos y fue imputado como “coautor” de los delitos de “severidades, vejaciones y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por funcionario de la fuerza policial reiterado, todos ellos en concurso real entre sí”.
Dos subinspectores, Javier González y Ángel Reales, fueron acusados como “coautores” de las “severidades ” y “partícipes secundarios” de las “vejaciones” y de los ocho casos de “abuso sexual agravado”.
En tanto, a la oficial subayudante Maida Celeste la imputaron como “coautora” de las “vejaciones” en concurso real con los abusos sexuales, según confirmó el sitio de noticias El Ciudadano.
El oficial inspector Cristian Aliaga, por su parte, está acusado de ser “partícipe secundario” de “vejaciones” en concurso real con las violaciones.
Mientras que el comisario Leandro Maidan, el oficial Ariel Pasquale, la oficial Silvina Suárez y la sargento Johana Romero del Grupo Apoyo Departamental (GAD) fueron señalados como coautores de “vejaciones agravadas”.
La jueza Castillo negó el pedido de excarcelación y dictó la prisión preventiva por la “existencia de riesgos procesales” dada “la posibilidad de que los imputados en libertad influyan para que otros coimputados o testigos declaren falsamente o se comporten de forma desleal o reticente en el proceso”.
