SUQUIA
La crisis de violencia empezó a tener repercusión pública en febrero de 2021 y desde entonces los enfrentamientos entre los delincuentes por el dominio territorial se exacerban con la debilidad del Estado.
El asalto de un grupo de encapuchados a un canal de televisión de Ecuador mientras transmitía en vivo el noticiero de media tarde irrumpió el martes en la vida de los ecuatorianos con un ataque sin precedentes, que evidenció un nuevo salto en la espiral criminal en el país, que vive desde hace tres años sumido en la violencia, la inseguridad y en un récord de homicidios.
La jornada ya había arrancado con una secuencia de 30 actos violentos en varios puntos del país, con policías secuestrados, motines carcelarios, explosiones de vehículos y la presunta fuga de la cárcel de los cabecillas de grupos criminales.
Pero nunca antes se había visto en directo, ante miles de espectadores, el asalto de varias personas que apuntaban y sometían a los presentadores y a los trabajadores en el estudio central del canal con dos armas largas, dos cortas, una ametralladora y explosivos de tipo industrial y militar, según confirmó después un mando policial de Guayaquil, ciudad en la que está el medio de comunicación.
El incidente fue neutralizado por la policía con un saldo de 13 detenidos. No se ha confirmado oficialmente que hubiera heridos.
Un día antes, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, había decretado su primer estado de excepción y toque de queda nocturno. Era su respuesta a la presunta fuga de la cárcel de Adolfo Macías, alias “Fito”, el líder de una banda criminal local a la que las autoridades atribuyen nexos con el cartel mexicano de Sinaloa y que cumplía una condena de 36 años de cárcel por asesinato, narcotráfico y otros delitos.
¿Cuándo comenzó todo?
La violencia empezó a tener repercusión pública en febrero de 2021, con una masacre en el interior de la prisión más violenta del país, la denominada Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, considerada la ciudad más peligrosa del territorio.
El sangriento enfrentamiento dejó al menos 79 reclusos asesinados y fue el primero de una secuela de violentos choques entre reclusos de bandas rivales.
Según las autoridades, las disputas dentro de las cárceles se originaron con la muerte en diciembre de 2020 de un capo del narcotráfico líder de la banda Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, vinculada al narcotráfico internacional. Su desaparición derivó en división interna entre grupos locales que buscaban captar su poder.
En septiembre del mismo año, se produjo la peor masacre carcelaria en la que 119 reos fueron asesinados en distintos centros penitenciarios, algunos de ellos, decapitados. En total, unos 18 choques violentos dentro de las cárceles han dejando más de 450 prisioneros muertos en los últimos tres años.
La violencia en las prisiones, que las autoridades aseguran que se han convertido en centros de control del crimen organizado, permeó hacia las calles y en Ecuador se desbordaron otros delitos contra ciudadanos como secuestros, asesinatos, robos, extorsiones y más, que han llevado al país a ser uno de los más violentos de la región.
El 2023 culminó como el más violento de la historia, con más de 7.600 asesinatos, muy por encima de los 4.600 con los que terminó el año anterior, que a su vez duplicaban los 2.100 homicidios de 2021.
¿Cuál es la respuesta?
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que asumió el cargo hace un mes y medio, prometió en campaña erradicar la violencia con su plan Fénix, una estrategia de seguridad de la que no se han revelado detalles y que, hasta el momento, no ha frenado los actos de violencia en el país.
A raíz de la desaparición de la cárcel de alias Fito, decretó un estado de excepción y toque de queda nocturno para movilizar a policías y militares a las calles. Con esa disposición, se restringen derechos como el de libre movilidad, reunión, inviolabilidad de domicilio o de la correspondencia.
Con el ataque al canal TC Televisión, Noboa dio un paso más y, sin que se haya explicado el alcance real de la nueva decisión, declaró el martes a Ecuador en “conflicto armado interno” e identificó a los grupos del crimen organizado como “terroristas y actores estatales no beligerantes”.
Entre las organizaciones delictivas mencionadas en el decreto están Los Choneros y Los Lobos, a las que pertenecen los dos cabecillas presuntamente fugados de la cárcel entre el domingo y el martes; así como los Tiguerones, los Lagartos o los Águilas Killer, citados recurrentemente en episodios de violencia anteriores en el país.
El último decreto dispuso, además, a las fuerzas armadas ejecutar operaciones militares “para neutralizar a los grupos identificados”, respetando el derecho humanitario internacional.
¿Por qué pasa esto?
Las autoridades ecuatorianas del actual gobierno y de los dos anteriores —de Guillermo Lasso (2021-2023) y de Lenín Moreno (2017-2021)— han sostenido que la violencia empezó inicialmente en las cárceles por disputas entre bandas criminales por el control de esos centros, así como de rutas nacionales e internacionales para la distribución de drogas.
También por el dominio de territorios para la venta de los estupefacientes a nivel local.
De ahí, saltó a las calles hasta alcanzar a la ciudadanía y sus negocios. Los gobiernos que precedieron al de Noboa también decretaron varios estados de excepción y toques de queda, a veces en localidades concretas, en todo el territorio nacional o en el sistema penitenciario, sin que los actos violentos hayan cesado hasta ahora.
El exministro de Defensa, Luis Hernández, aseguró a The Associated Press que el asalto al canal de televisión devela que el crimen organizado “percibió la debilidad del Estado”, por lo cual creyeron que fácilmente podían impartir acciones para “atemorizar” al país “y ponerlo en situación de pánico”.
Hernández respaldó la declaración de “conflicto armado interno” por parte del presidente, lo que le permite el “uso de la fuerza letal”. Y agregó que debe enviarse un mensaje claro a la población para no dejar que se someta “al miedo y al caos”.
Lo que quiere el crimen organizado, apuntó el exministro, es que el Estado se rinda “y eso es lo que no se debe permitir”.
(Con información de AP)
