Para su salida de la Unicameral, se deberán dar los dos tercios del cuerpo.
Una comisión de la Legislatura de Córdoba, integrada por oficialistas y opositores, acordó este jueves un cronograma de reuniones para tratar tres pedidos de expulsión y otros tres de suspensión y apartamiento de Oscar González, parlamentario que se encuentra en licencia tras el fatal choque que protagonizó semanas atrás en el camino de las Altas Cumbres, donde murió una docente y otras dos menores resultaron con lesiones graves.
Se trató de una sesión conjunta entre las comisiones de Asuntos Institucionales y de Asuntos Constitucionales, coordinada por el oficialista Juan Manuel Cid, en la que los dos bloques de la izquierda y la Coalición Cívica-ARI ratificaron las cuestiones de privilegio para que se dé tratamiento a la expulsión de González.
También sostuvieron sus pedidos el bloque de Encuentro Vecinal, que solicitó cuestiones de privilegio para apartar al legislador por seis meses; y Juntos UCR, que planteó una suspensión por un año, con posibilidad de analizar la expulsión del cuerpo.
Por su parte, Orlando Arduh, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, argumentó un proyecto de apartamiento de González hasta tanto se resuelva la cuestión judicial.
De acuerdo con el Reglamento Interno, los legisladores acordaron respetar el derecho de defensa del parlamentario, por lo que -debido a que se encuentra con licencia-, resolvieron su citación en comisión.
Se acordó una nueva reunión a comienzo de la semana próxima, con fecha a definir, para que cada bloque fundamente su pedido. Y otra instancia para un encuentro con los familiares y sus abogados.
El oficialismo también acordó solicitar al Ministerio Público Fiscal un informe de la causa en los Tribunales de Villa Dolores, a lo que el radicalismo sumó elevar un oficio al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito y a Nación para que se informe si González contaba con una licencia de conducir habilitante.
Una vez finalizadas las reuniones, las comisiones deberán girar un despacho para su tratamiento en el recinto. En caso de que se apruebe, para concretarse la suspensión o expulsión se requerirán los dos tercios de los votos. Esta situación inquieta al oficialismo, que tiene posturas encontradas sobre la salida de González de la Legislatura de Córdoba.