Durante la sesión especial de este jueves, la norma se aprobó con 241 votos a favor y 8 en contra.
Con amplio respaldo, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que plantea una nueva ley de VHI, luego de varios intentos fallidos a lo largo de nueve años.
El proyecto busca dar una respuesta integral a personas con el virus de la inmunodeficiencia humana, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual.
Durante la sesión especial de este jueves, la norma se aprobó con 241 votos a favor y 8 en contra.
Ahora, pasará al Senado la iniciativa que busca establecer el interés público en relación a la respuesta integral e intersectorial para el abordaje por infección por VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como también la tuberculosis (TBC).
La presidenta de la Comisión de Salud, Mónica Fein, agradeció a “las organizaciones sociales que pusieron en agenda esta ley que permite actualizar la Ley 23.798, que fue muy importante allá por 1990, pero que 30 años después es necesario modificar”.
“Hablar de VIH – sida es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años, que no siempre ha estado en el debate público, y ha costado 36 millones de vidas”, destacó la diputada socialista, que detalló que son 140 mil las personas viven en Argentina con esta enfermedad, a la que cada año se suman unas 4.500.
A su turno, la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard, quien presentó el proyecto, recordó los “cuatro intentos de proyectos presentados y los 9 años de trabajo” en el tema.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.
Propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.
También se propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.