SUQUIA
Carlos Nayi dijo que una eventual segmentación del caso “podría atentar contra la investigación, el esclarecimiento, el juicio y castigo para todos los responsables”.
Las familias de los bebés fallecidos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba, entre marzo y mayo de este año, manifestaron su oposición a que los funcionarios que se encuentran imputados en esa causa sean investigados por el fuero Anticorrupción, tal como lo solicitó una directiva de ese establecimiento de salud provincial.
La exdirectora al momento de los hechos, Liliana Asís, planteó ante la Justicia que la causa que involucra a funcionarios públicos corresponde que sea investigado por el Fuero Anticorrupción en lo Penal y Económico, y no por el fiscal de instrucción Raúl Garzón, quien hasta el momento está a cargo del proceso.
Asís había planteado el pase de fuero respaldándose en la Ley 8.835, que establece las competencias jurisdiccionales de los delitos contra la administración pública.
El abogado Carlos Nayi, quien representa a las familias de cuatro de los cinco muertos, manifestó que si bien la ley contempla lo que plantea Asís, “este caso es muy especial porque hay cinco bebitos fallecidos y otros ocho que sobrevivieron“.
“Por lo tanto, se debe priorizar el interés superior del niño y el principio de comunidad de la prueba para facilitar la investigación”, completó.
En su rol de querellante, Nayi dijo que una eventual segmentación de la causa “podría atentar contra la investigación, el esclarecimiento, el juicio y castigo para todos los responsables”, al remarcar que “ese es el interés que se persigue” en este proceso que trata de develar la conducta criminal y despiadado” desplegadas contra los bebés.
Asimismo, el letrado anticipó que recurrirá a la instancia superior en caso de que se haga lugar al desglose de la causa.
Los ex funcionarios públicos que están imputados son el exministro de Salud Diego Cardozo; el exsecretario de Salud Pablo Carvajal y el exvicedirector del hospital Alejandro Salama, por el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”, según consta en el expediente.
También, la exdirectora Liliana Asís y las exjefas de áreas del neonatal Marta Gómez Flores y Adriana Morales por los delitos de “omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”.
Mientras tanto, la única detenida e imputada directamente con las muertes de cinco bebés sanos es la enfermera Brenda Agüero, quien está acusada como presunta autora responsable del delito de “homicidio calificado por el uso de medio insidioso”, a lo que se agrega ese delito en grado de “tentativa” sobre ocho bebés que sobrevivieron.
La investigación judicial se conoció el 11 de agosto a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos los días 18 de marzo, 23 de abril, 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.
Los informes determinaron que dos bebés, nacidos el 6 de junio último, ocurrieron por cuadro de “hiperpotasemia” que fue causado “por exceso de potasio inyectada de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.
Solo a dos de los fallecidos se habían realizado las autopsias, en tanto los restantes tres fueron exhumados recientemente, por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y se esperan los resultados.
