El TSJ se reunirá de urgencia para resolver una acordada definiendo cómo funcionará el Poder Judicial.
El sistema informático del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba continúa caído, tras sufrir el pasado sábado lo que muchos denominan como “uno de los peores ciberataques de la historia del país” que afectó a su página web oficial, los servicios digitales y las bases de datos que contienen los expedientes.
Recién este domingo, el Poder Judicial emitió un escueto comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter, diciendo: “La Justicia de Córdoba ha recibido un ciberataque. Personal especializado se encuentra trabajando para normalizar la situación”.
Fuentes judiciales indicaron que se realizó la correspondiente denuncia penal, dando intervención a la Fiscalía de Cibercrimen a cargo de Franco Pilnik, quien dispuso el secreto de sumario sobre el caso.
¿Qué va a hacer el TSJ?
Si el problema no se soluciona en las próximas horas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tiene pensado reunirse con carácter de urgencia para resolver una acordada, definiendo cómo funcionará el Poder Judicial a partir de este martes, primer día hábil tras el fin de semana largo.
Mientras tanto, las autoridades analizan declarar este martes como feriado judicial, ya que hay plazos procesales que vencen, documentación que debe ser presentada y gestiones que tienen que realizarse con plazos perentorios.
¿Qué pasó?
Según trascendió, los sistemas del Poder Judicial fueron atacados por el ransomware “.play”, que es un programa malicioso que se infiltra y bloquea el acceso a todos sus archivos. Por lo general, los hackers lo utilizan para secuestrar la información y solicitar un rescate para desbloquearla.
Sin embargo, hasta este domingo fuentes judiciales no confirmaron haber recibido un pedido en ese sentido.
Mientras tanto, los especialistas que intentan resolver el problema no pueden garantizar que la información almacenada en los servidores esté a salvo o que haya sido borrada por los ciberdelincuentes.
El sistema informático fue desarrollado en los últimos años por personal del propio Poder Judicial, que luego de la pandemia de Covid-19 abandonó casi por completo los trámites y gestiones en papel, para mudar todo a una plataforma digital.