SUQUIA
Así lo decidió el juez Julián Ercolini, quien además pidió que se levante el secreto fiscal. La misma medida se aplicó para otros exfuncionarios y varios empresarios implicados en el escándalo.
El juez federal Julián Ercolini ordenó este martes la inhibición general de bienes del expresidente Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario por el escándalo de los seguros. La misma medida se aplicó para otros exfuncionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en la causa. En total son 33 personas y empresas.
Además del expresidente, el juez ordenó la inhibición general del extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; del broker Héctor Martínez Sosa; de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del exmandatario; del broker Pablo Torres García; y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras. Con esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tendrán acceso a sus cajas de seguridad.
Bachellier es la empresa que más comisiones cobró entre 2020 y 2024. El año que más recaudó fue 2022, con $700.416.803, tras el decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. En total, recibió $1.665.741.081 por comisiones.
En tanto, San Ignacio y TG Broker son las dos firmas que aparecen en una nota enviada por extitular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados. Ambas cobraron $231.918.674. Esa cifra no contempla las comisiones millonarias que habrían cobrado los intermediarios por las cuatro coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes.
Según la resolución de Ercolini, a aparición de esas dos intermediarias en la póliza de la ANSES multiplicó las ganancias de San Germán Seguros. “El porcentaje de participación de “SAN GERMAN SEGUROS S.A.” como coasegurador de las mismas presentan un notable incremento, triplicándose del 5 al 15% en las ya existentes (pólizas n° 9081 y 9142) y llegando al 25% en nuevas (póliza n° 9154)”, detalló el juez.
En el caso de Martínez Sosa, el juez destacó su relación estrecha con Alberto Fernández y su vínculo con otros brokers. “Además de su intermediación como productora, participó como organizadora y/o máster en pólizas de otros productores, entre ellos, Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, “BACHELLIER S.A.”, “LEVELAR S.A.” y Fernando Carlos Salim”, dice la resolución.
Entre los afectados por la inhibición general aparecen los dos exfuncionarios de Nación Seguros que fueron echados este fin de semana: Mauro Tanos, un exintegrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, que revestía como gerente de compras. También quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: 7 de mayo e Irigoin.
El juez Ercolini también pidió este lunes que se levante el secreto fiscal y bancario de las mismas personas y empresas afectadas por la inhibición general de bienes.
Por último, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales integrales (públicas y privadas) de Fernández, Pagliano y María Cantero, desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.
Ercolini tiene hasta ahora dos causas por el escándalo de los seguros. Una se inició a partir de una denuncia de la abogada Silvina Martínez, a la que se anexó una presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto. La segunda comenzó con la denuncia que hizo el Gobierno por los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la ANSES.
Alberto Fernández está imputado en las dos causas, pero todavía no se presentó en Comodoro Py. Tampoco designó abogado, aunque tuvo conversaciones con con varios defensores. “No nos pusimos de acuerdo con los honorarios”, dijo uno de los consultados.
El viernes pasado, el juez Ercolini ordenó allanar los domicilios y las oficinas de los dueños de las empresas Bachellier, San Ignacio y TG Broker, entre otras. También inspeccionó los domicilios de los dos funcionarios de Nación Seguros desplazados.
