Myrian Prunotto, la primera vicegobernadora radical de la historia que tendrá Córdoba a partir de diciembre, se encontró esta mañana con las puertas y las ventanas de la Casa Radical completamente cerradas al intentar ingresar una presentación relacionada con la intención de la dirigencia de boina blanca de expulsarla del partido.
De acuerdo a lo que consigna en sus redes y sitios web de la UCR, la histórica sede ubicada frente al Patio Olmos atiende de 8 a 21, sin embargo, Prunotto permaneció allí hasta las 10:30 sin novedades, pese a insistentes golpes en la puerta.
Al ser consultada sobre dichos a la prensa del presidente del partido, Marcos Carasso, en el sentido de la vicegobernadora electa debería haber pedido permiso para entrar a la sede histórica de la UCR, Prunotto contestó: “Ningún afiliado tiene que pedir permiso para entrar a la Casa Radical y menos se lo debe pedir a autoridades ilegítimas que se autoprorrogaron el mandato”.
Sobre el proceso iniciado para su expulsión del partido, consideró: “Me acusan con liviandad de haberme ido con el peronismo y no fue así. Integro una coalición con representantes de 20 partidos; encima, los mismos que me acusan, llevaron como candidato a un peronista y, por primera vez en los 130 años de historia, la UCR no tuvo candidato a gobernador”.
“Si me expulsan a mí tendrían que expulsar también a todos los radicales que en 2019 fueron en contra de la Lista 3, y que son muchos”, agregó.
Una escribana labró un acta para dejar constancia de las puertas cerradas, mientras que el abogado de Prunotto, Alfonso Buteler, explicó algunos conceptos y el sentido de la presentación.
Entre otros conceptos, la presentación que Prunotto no pudo presentar dice textualmente: “…Dejo planteado el caso constitucional para acudir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que cualquier medida en mi contra implicará una grave violación a los derechos de defensa, debido procedimiento previo y de razonabilidad, entre otros (artículos 18, 28, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional)”.
“Solicito que dichas actuaciones se realicen con el debido respeto a mis garantías constitucionales y convencionales, así como a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, aprobada por Ley 23.179”, agrega.