Fabiola Yañez ofrecerá comprar un respirador como reparación por la fiesta en Olivos

Así lo indicó el abogado de la Primera Dama.

Juan Pablo Fioribello, abogado de la Primera Dama en la causa por la fiesta en Olivos, indicó que va a “proponer una reparación relacionada con la salud. Puede ser la compra de un respirador o el pago de unos días de una internación en terapia intensiva”.

Yañez se presentará en estos días ante el juez Mirabelli acompañando la estrategia del Presidente, que propuso extinguir la causa penal consignando 4 sueldos del poder ejecutivo. La Primera Dama quiere que el eventual acuerdo con la Justicia tenga que ver con la cuestión sanitaria. “Un respirador, el costo de la internación de unos días en terapia intensiva. Lo estamos viendo”, reitera el abogado.

Fioribello cree que luego de las disputas de competencia, la causa está más clara. Señala al pasar, sin embargo, que el proceso penal por el cumpleaños de Fabiola resintió las relaciones personales de los asistentes. “El estado de ánimo de Fabiola Yañez es muy bueno. Está en reposo por su embarazo. Ella está arrepentida de la fiesta. ¿Cómo no va a estar arrepentida?”, explica y agrega: “Sofia Pacchi y Fabiola Yañez hoy no tienen relación. Se conocen desde hace años pero el vínculo de amistad se rompió antes”.

Cabe recordar que Pachi, la todavía asesora presidencial con funciones no claras en Casa de Gobierno, era una amiga íntima de la Primera Dama. Hoy, ya no más. Aunque lo nieguen, el video que las mostraba festejando un nuevo año de Fabiola en medio de la cuarentena más dura dinamitó ese vínculo.

El abogado asegura que no hay privilegios para Alberto o su esposa. “La mayoría de las causas abiertas por violación de las restricciones a la cuarentena se han extinguido con acuerdos legales previstos por el código de reparación integral. El sistema funciona con una propuesta de la defensa que se eleva al fiscal quien, a los efectos de evitar el costo del proceso penal, acepta y lo eleva al juez para que lo homologue. Esta propuesta no es obligatoria. Puede, claro, ser rechazada por el ministerio público o el magistrado actuante”, explicó.