Los diputados empezarán a resolver si abren el proceso contra los integrantes del máximo tribunal.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará a analizar este jueves los expedientes contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, a propósito del proyecto que impulsa el Gobierno nacional y varios gobernadores por considerar que los ministros del máximo tribunal incurrieron en “mal desempeño” en algunos de sus fallos.
Desde las 11, la comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard tratará los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal- Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El Frente de Todos tiene mayoría en la comisión -por un voto- y se descuenta que logrará emitir dictamen. Sin embargo, el proyecto no superaría Diputados, donde no reúne la mayoría de dos tercios que se requiere para aprobarlo.
La intención del oficialismo es comenzar hoy con el análisis de los expedientes y definir el esquema de trabajo, ya que el primer paso de la comisión será establecer si son admisibles los pedidos de juicio político y allí el oficialismo tiene mayoría para imponer su criterio.
Posteriormente, se estima que en 15 días comenzará la etapa de apertura del sumario a prueba, que se prolongará hasta fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los integrantes del máximo tribunal.
El proyecto fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias que diseñó el Poder Ejecutivo.
Juntos por el Cambio, por su parte, advirtió que no dará viabilidad ni prestará quórum para tratar proyectos impulsados por el oficialismo mientras avance el proceso contra los miembros de la Corte. Por eso, el Congreso podría quedar paralizado.
“Esperamos que la oposición no sea irresponsable, como lo ha venido siendo este tiempo, pero siempre hay tiempo para debatir y sentarse en el lugar de diálogo democrático que es el Congreso de la Nación”, reclamó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, semanas atrás.
En la bancada opositora, consideran que el proyecto que impulsa el Gobierno se trata de una “embestida” contra la Justicia “para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción”.