SUQUIA
En el oficialismo está instalada la idea de que “la sentencia ya está escrita”, como lo ha asegurado la Vicepresidenta.
En el oficialismo hay pocas dudas sobre el resultado de la última audiencia que tendrá el juicio de Vialidad este martes. Estiman que el Tribunal Oral Federal 2 condenará a Cristina Fernández y la inhabilitará de por vida para ejercer cargos públicos. No existe dentro del peronismo la idea de que la Vicepresidenta pueda ser absuelta.
Esa sensación está fundada en las palabras de la propia acusada, quien en varias oportunidades aseguró que la “sentencia ya está escrita”, en un movimiento que buscó ejercer presión sobre el tribunal que tiene que juzgarla en una de las causas más complejas en las que está involucrada.
Si el TOF 2 la condena, será la primera vez en la historia de la política argentina que un vicepresidente en ejercicio es condenado por un caso de corrupción, lo que marcaría un hecho de gravedad institucional sin precedentes.
La Vicepresidenta ha dicho hasta acá que la causa no tiene sustento jurídico, que la fiscalía, a cargo de Diego Luciani, miente y que lo único que busca la justicia federal, en complicidad con la oposición, es perseguirla. Es decir, que toda la causa es un armado político judicial para inculparla en supuestas maniobras de sobreprecio y direccionamiento de partidas como consecuencia de la conformación de una asociación ilícita.
“El Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”, sostuvo Luciani cuando presentó el alegato. Y agregó: “Se trató de una asociación ilícita piramidal, que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos”.
Luciani le pidió al tribunal que condene a la Vicepresidenta a 12 años de prisión y que la inhabilite para ejercer cargos públicos. La sentencia no quedaría firme hasta tanto no la confirme la Corte Suprema, última instancia, posterior a la Cámara de Casación.
Si la condena quede firme, dependerá de que el Congreso decida quitarle los fueros a la actual Vicepresidenta. Por eso en el oficialismo se especula mucho con la posibilidad de que el próximo año Cristina se presente como candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires.
Si así lo hiciera, su jugada electoral tendría un doble efecto. Apuntalar la performance del kirchnerismo en el distrito electoral más importante del país y asegurarse seis años más de fueros, ya que por la mayoría o la minoría, ganaría su banca en el Senado.
Si una condena queda firme en ese tiempo, la única forma de efectivizar una detención es a través de un juicio político – que le quite los fueros – y para eso se necesita una mayoría especial en el Congreso. El contexto puede cambiar unas cuantas veces hasta que eso suceda. Al día de hoy sobran las especulaciones.
El proceso judicial y político es largo y espinoso. Por eso lo que más tensión genera en este momento es el impacto público que puede generar una condena a la Vicepresidenta. Así como también la decisión del TOF 2 de absolverla por considerar que no hay pruebas necesarias para endilgarle la conducción de un mecanismo de corrupción en el seno del Estado.
El kirchnerismo está en estado de alerta y movilización, etapa en la que ingresó luego del alegato del fiscal Luciani, cuando los diferentes sectores del Frente de Todos expusieron un respaldo público inmediato a la postura de CFK y se unificaron detrás de ella planteando que la causa solo tenía como objetivo perseguirla políticamente.
Para muchos dirigentes importantes del kirchnerismo, la respuesta a una posible condena tiene que ser “política”. Nada de violencia, nada de disturbio, nada de caos. Por eso el mundo K no ha bajado línea para organizar una movilización masiva en respaldo a CFK como lo ha hecho en otras oportunidades. No quieren problemas en la vía pública.
Por el momento, los únicos que se volcarán a la calle son los militantes de ATE Capital, gremio que conduce Daniel “Tano” Catalano y que anticipó que si hay condena harán un paro, y los seguidores del partido Miles, que lidera Luis D’Elía. Sin embargo, la puerta quedó abierta para que haya más militantes que salgan a respaldar a la Vicepresidenta antes de que el tribunal se pronuncie sobre su futuro judicial.
