SUQUIA
También pidieron el enjuiciamiento de las dos personas que administraban la institución privada y de la decana de la facultad por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Un fiscal solicitó un juicio oral para un docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Córdoba (UNC), acusado de extorsionar a sus alumnos para que realizaran pagos a modo de “apoyo” académico para aprobar la materia que él dictaba.
El fiscal general interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, y el auxiliar fiscal Maximiliano Aramayo, también pidieron el enjuiciamiento de las dos personas que administraban la institución privada y de la decana de la facultad por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De acuerdo a la acusación, desde la década del ’90 hasta la actualidad, Luis Augusto Olmedo, primero como docente de cátedra inferior, y desde abril de 2004 en su calidad de profesor titular de la Cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la UNC, abusó de su función, informó hoy el sitio fiscales.gob.ar.
Así, “habría ideado un sistema extorsivo por el cual los alumnos de su cátedra se veían obligados a hacer entregas de dinero a Adrián Casalis, primero, y a Augusto Massimino, después, para aprobar los exámenes de la materia, exigencia que era cubierta por la fachada de un curso”, indicaron.
Según la investigación, bajo amenaza, si los alumnos no realizaban el curso se exponían en muchos casos a ser aplazados por una cantidad indeterminada de veces.
La intimidación, según los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), era ejercida principalmente por Olmedo a través de aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a quienes no pagaban o filtraban información del sistema.
En la acusación, precisaron que, desde el año 2000 hasta el 2016, la pseudo academia a cargo de Casalis funcionaba bajo el nombre de AOC (Apoyo Odontológico Córdoba).
Bajo la fachada de un centro de enseñanza, el contenido de las clases era brindado por Casalis, que no era profesional médico, tenía limitado conocimiento, y que brindaba a los alumnos el material que luego Olmedo tomaría en los exámenes, explicaron.
Abonado el supuesto curso, se le entregaba a los alumnos un “apunte” tomando recaudos para evitar que fuera compartido con otros compañeros que no concurrían a la academia: imprimía el material en hojas oscuras para que no pudiera ser fotocopiado y se numeraba cada copia para identificar a qué alumno pertenecía cada ejemplar.
Y además, “amenazaba a sus alumnos con que podrían enviar personas a golpearlos o no aprobar nunca más Microbiología, caso de uno de los denunciantes, a quien Olmedo habría aplazado seis veces como represalia por prestar el apunte a un compañero que no podía pagarlo”, explicaron.
Entre 2015 y 2016 Olmedo y Casalis se distanciaron, y la pantalla de la academia se mudó al barrio Nueva Córdoba, donde Augusto Massimino se hizo cargo hasta septiembre de 2020.
La acusación también señala que Olmedo infundía temor en sus estudiantes, principalmente a las mujeres, con quienes tenía un trato misógino.
Para la Fiscalía, los actos señalados a Olmedo no sólo eran de público conocimiento en la facultad, sino que además habían sido anoticiados institucionalmente en más de una oportunidad.
A pesar de tener conocimiento de que Olmedo podía estar involucrado en esas maniobras, la decana Mirta Spadiliero de Lutri intencionalmente evitó anoticiar los hechos a la autoridad competente u ordenar la investigación interna.
