SUQUIA
Se trata de los primeros fallos que van sobre el reclamo central contra el decreto. Lo resolvió el juez contencioso Enrique Lavié Pico en los casos que inició el abogado Jorge Rizzo y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico rechazó hoy los primeros amparos que se presentaron para declarar inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 del gobierno de Javier Milei. Se trata de los primeras resoluciones judiciales que resuelven el fondo de los reclamos, aunque el magistrado no se pronuncia respecto de la constitucionalidad o no. Sin embargo, con los rechazos de los amparos el DNU sigue vigente.
Lavié Pico se pronunció sobre los casos que presentaron el abogado Jorge Rizzo y la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. Para el juez, el caso “no cumplió con la carga de poner en evidencia, de manera circunstanciada, la ilegalidad y arbitrariedad que invoca como fundamento de su pretensión”.
En ambas resoluciones a las que accedió Infobae, el juez entendió que el amparo no era la vía adecuada para hacer el reclamo, que quienes iniciaron las causas no tenían legitimación para y que no presentaron un perjuicio concreto que el DNU les causa, y que el Congreso de la Nación -tal como establece la Constitución Nacional- está en plazo para analizar la validez o no del decreto.
Así, el juez no se pronunció concretamente sobre la constitucionalidad del DNU y para eso citó al fiscal Fabián Canda que en su dictamen de ayer sobre el caso señaló que la decisión “no importa de manera alguna un pronunciamiento acerca de la validez constitucional del DNU N° 70/203”.
Sin embargo, el efecto concreto que tienen los fallos es una suerte de aval al decreto porque sigue en vigencia. Estos fallos tienen la importancia que son los primeros que analizan el fondo de los reclamos. Hasta el momento lo que se habían dictado eran medidas cautelares, muchas de las cuáles suspendieron tramos del DNU. Por ejemplo, la justicia del trabajo dictó distintas resoluciones que suspendieron los efectos del título IV del decreto que son las reformas laborales. En otras causas se postergó el aumento de las cuotas de empresas de medicina prepaga.
Pero nunca se habían dictado resoluciones que analicen el fondo de las presentaciones y contra todo el DNU. En sus fallos, Lavié Pico recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que “la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones”. “Una inteligencia orientada hacia la judicialización amplia de las decisiones de otros poderes pondría en serio riesgo tanto el ejercicio de las funciones que la Constitución asigna a cada uno de ellos, como la autoridad de la propia Corte Suprema”, sostuvo el magistrado.
En los dos amparos se planteó que el DNU no cumplió con los requisitos que establece el inciso tres del artículo 99 de la Constitución Nacional para su dictado. El juez explicó que los amparos requieren una serie de requisitos para poder aceptarlos, entre ellos que haya un caso, es decir “la afectación de un interés jurídicamente protegido o tutelado y susceptible de tratamiento judicial”.
Y para el magistrado en estos casos no se dio. “Resulta claro que las manifestaciones efectuadas por la actora -NdA: Rizzo y el Observatorio) en su presentación de manera genérica -para obtener la inconstitucionalidad del DNU en abstracto-, no alcanzan por sí solas para demostrar el perjuicio concreto que se habría configurado por tal proceder, con relación a quien lo invoca en la presente causa”, consideró Lavié Pico y agregó que “no se ha invocado un perjuicio claro y concreto que permita considerar su pretensión con el alcance solicitado”.
Por otra parte, el juez señaló que el DNU está bajo discusión del Congreso de la Nación. “No puede dejar de señalarse que no corresponde al Poder Judicial expedirse sobre planteos de nulidad instrumentados de manera genérica y abstractos con referencia al decreto aquí cuestionado ya que ello implicaría cercenar competencia legales dispuestas en cabeza de otro poder del Estado, máxime cuando existe una vía constitucional para su control en el ámbito del Congreso Nacional”, explicó.
El fallo puede ser apelado para que intervenga la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Lavié Pico también dejó abierta la posibilidad de que Rizzo y el Observatorio hagan una nueva presentación contra el DNU: “Lo que aquí se resuelve en nada impide a que las partes puedan, en su caso, probar un perjuicio concreto con relación a cualquiera de las materias que regula el decreto en cuestión y, en consecuencia, promover ante las jurisdicciones competentes las acciones que se consideren pertinentes, para hacer valer sus derechos”.
