SUQUIA
Según informaron fuentes cercanas, sería por la causa de las facturas apócrifas que se investiga desde hace algunos años y que también involucra a otros ex y actuales funcionarios de Sierras Chicas.
Fuerzas federales están allanando la Municipalidad de Saldán y domicilios particulares del exintendente, Cayetano Canto, y de la actual intendenta, Carolina Crístori.
Según informaron fuentes cercanas a los involucrados, sería por la causa de las facturas apócrifas que se investiga desde hace algunos años y que también involucra a otros ex y actuales funcionarios de Sierras Chicas.
Causa de facturas apócrifas
Los fiscales federales de Córdoba, Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedián, y de San Francisco, Luis María Viaut, investigan desde 2020 una megacausa por facturas apócrifas en la Municipalidad de Saldán y en la Comunidad Regional Colón. En el primer caso, suman 34 documentos por un total de $9.591.196. Y en el segundo, 10 comprobantes por $9.272.802. Por esos hechos, fueron imputados Cayetano del Valle Canto, exintendente de esa localidad y presidente del organismo regional en ese momento; la actual mandataria, Carolina Crístori; y el exjefe comunal de Mendiolaza, Daniel Salibi, por ser secretario general de la comunidad; entre otros involucrados.
En el caso de los organismos oficiales, el objetivo de este tipo de maniobras no es la evasión de impuestos, porque están exentos de IVA y Ganancias. La duda es si efectivamente se prestó el servicio. Caso contrario, hacia dónde se canalizó el dinero. Por eso la calificación legal que endilgaron los fiscales a Canto y Salibi es administración fraudulenta agravada.
Las comunidades regionales son entes creados en 2004 para agilizar gestiones y obras intermunicipales según los departamentos. Están presididos, por turnos rotativos, por los intendentes de las localidades que las integran.
Es la segunda vez que la Policía de Seguridad Aeroportuaria allana la Municipalidad de Saldán. En la primera oportunidad, detectó facturas apócrifas abrochadas con órdenes de pago. Estaban en una oficina contable administrativa, mezcladas con las operaciones que se presume son reales. Una fuente cercana a la investigación remarcó que tenían asignado como conceptos de pago definiciones vagas como: “Demarcación de lomada” o “Asfalto”.
Entre los numerosos datos de la facturación, la justicia detectó una a nombre de un joven de 22 años, sin secundario completo que vive con sus padres en Malagueño. Hace trap y baila. Lo máximo que logró como ganancia económica fue trabajar una temporada en Carlos Paz en un negocio de venta de celulares. Hay una factura por $500 mil emitida a su nombre.
Con un papel de estas características no es posible determinar a dónde fue a parar el dinero que se pagó. La única certeza es que no fue hacía donde el municipio registró el destino.
Como en la mayoría de los hechos descritos en el requerimiento fiscal, aparecen también en este caso los hermanos Diego Alberto y Natalia Soledad Vieyra Ferreyra, a quienes se les atribuye la provisión de las facturas apócrifas. Y también fueron imputados el entonces secretario de Gobierno de Saldán, Daniel Osvaldo Barón, y la excontadora (actual intendenta), Hebe Carolina Cristori.
La investigación radicada en los tribunales federales de Córdoba ha detectado 80 usinas de facturas apócrifas. Las operaciones abarcan de enero de 2018 hasta abril de este año.
