SUQUIA
Las medidas podrían ser tratadas en la unicameral en los próximos días.
Durante su discurso de jura como gobernador de Córdoba el pasado domingo, Martín Llaryora anunció que presentaría en la Legislatura un proyecto de seguridad que marcará los ejes de sus políticas en ese sentido.
Según trascendió, las medidas plantearían la creación de más fiscalías, el fortalecimiento del sistema de monitoreo a través de cámaras de seguridad, el desarme de los ciudadanos y el uso de armas no letales.
- Fiscalías antinarcotráfico: seis nuevas unidades, lo que representa duplicar las existentes. Funcionarán en Villa Dolores, Bell Ville, Marcos Juárez, Carlos Paz, Cruz del Eje y Córdoba. También se dotará de más presupuesto a la ya existente en la ciudad la de San Francisco.
- Fiscalías criminales: creación de 12 oficinas de distrito en la ciudad de Córdoba, para profundizar el plan territorial del Ministerio Público Fiscal.
- Auxiliares de seguridad: este nuevo cargo será cubierto por colaboradores que desarrollarán tareas específicas.
- Monitoreo: exigirán que todas las cámaras de seguridad orientadas hacia el exterior y existentes en bancos, grandes superficies comerciales, edificios públicos, estaciones de servicio y espacios públicos estén articuladas con el centro de monitoreo de la Policía de Córdoba. Además de agilizar la capacidad de vigilancia, facilita el acceso a videos que pueden servir de pruebas en investigaciones.
- Dasarme civil: se estimulará la entrega de armas en manos de privados, quienes recibirán un pago por cada unidad que entreguen.
- Guardias locales: se impulsará la creación de los Guardias Locales de Prevención y Convivencia, en el marco de las municipalidades de la provincia. Las mismas estarán destinadas a colaborar en la disuasión y la prevención de todo tipo de delito. Podrían usar armas no letales.
- Armas no letales: las empresas privadas de seguridad se incorporarán al sistema provincial, permitiendo que su personal utilice estos artefactos.
- Reforma penitenciaria: facultad al Ministerio de Seguridad para modificar la estructura policial y carcelaria.
