Un juez federal salteño impuso hoy prisión preventiva a cuatro hombres detenidos por el secuestro de un empresario de transporte ocurrido la semana pasada, informaron fuentes judiciales.
Se trata del juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio, quien, en una audiencia de formalización de la investigación penal, declaró la competencia federal del caso de secuestro extorsivo seguido a cuatro personas detenidas en los últimos días.
Por planteos del fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, el magistrado también declaró la legalidad de las detenciones de los acusados, identificados como Héctor Joaquín Rodríguez, Ezequiel Maximiliano Toledo y los hermanos Franco Gerónimo y Héctor Mario Campo.
Asimismo, Bavio hizo lugar a la imputación penal por el delito de secuestro extorsivo agravado por la condición de la víctima (mayor de 70 años) y por la participación de tres o más personas en el hecho. En tanto, a Toledo y Héctor Mario Campo les sumó el delito de resistencia a la autoridad agravada.
El juez dictó la prisión preventiva de los cuatro imputados en base a los argumentos del fiscal, quien hizo hincapié en la naturaleza y gravedad del hecho, el riesgo de fuga, el entorpecimiento del proceso penal y la expectativa de pena desfavorable para los acusados.
Durante la audiencia, el fiscal detalló cómo los acusados llevaron adelante el secuestro del empresario transportista, Víctor Giménez. Explicó que la víctima fue captada cuando se dirigía a su trabajo, en una camioneta marca Mercedes Benz, que conducía por la ruta provincial 26, en la zona este de Salta Capital.
Dos de los acusados, con conocimiento de los movimientos de Giménez, se vistieron de policías e instalaron un control vehicular falso, que les sirvió para tomarlo cautivo.
“En esta casa, los imputados le pidieron al empresario una suma de 50 millones de pesos de rescate, pero la víctima les dijo que era imposible, por lo que bajaron el monto a cinco millones”, explicó. Así, desde el teléfono de Toledo, llamaron a un hijo del empresario y, bajo las instrucciones de sus secuestradores, le pidió los 5 millones y argumentó que los necesitaba para cerrar un negocio que estaba por realizar con personas de Jujuy.