SUQUIA
Ahora los bloques deberán analizar el proyecto y decidir si apoyarán o no la iniciativa del Ejecutivo.
Luego de un domingo frenético para la política nacional, el Gobierno envió al Congreso el texto con las devoluciones a las modificaciones que solicitó una parte de la oposición a la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. En estos momentos, los diputados de los bloques “dialoguistas” analizan el documento para evaluar si llegan a un acuerdo o exigen más cambios.
Dentro de los cambios más relevantes que aceptó el Gobierno, sobresale el capítulo de derechos de exportación. Luego de la presión de los Gobernadores, Milei aceptó que las retenciones a las economías regionales será cero. “Se establecen en 0% para las economías regionales. A su vez, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas”, dispuso el documento del Poder Ejecutivo.
A su vez, se mantiene la fórmula previsional hasta el mes de abril. “Es sano exponer los privilegios de unos pocos, es sano mover nuestro marco normativo hacia adelante modificando cosas que el tiempo había enquistado. También es sano escuchar, corregir, aprender. Todo esto y mucho más ocurrió durante este debate”, dice el texto en su primera parte.
Milei también concedió retirar una serie de apartados del texto original de la Ley Ómnibus para que sean tratados a partir de marzo, en el período de sesiones ordinarias. Entre ellos, se destacan el Juicio por jurados, los temas de salud mental, los cambios en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad, y tres temas de la reforma electoral (secciones uninominales, el futuro de las PASO y el régimen de partidos políticos).
La devolución del Gobierno llegó a última hora del domingo y a la madrugada. Los funcionarios de Milei acercaron el documento por capítulos, que sobre las 8:30 de hoy llegó una “versión final”. Los bloques de la oposición dialoguista, que entre los tres alcanzan 94 diputados, se tomarán la mañana para inspeccionar en profundidad el texto. Luego, lo analizarán juntos con los gobernadores de la UCR y el PRO para evaluar si le piden una mesa de diálogo a la Casa Rosada.
La respuesta del Poder Ejecutivo apareció luego de que los 10 gobernadores de el PRO y la UCR realizaran una reunión para meter presión a la discusión. Participaron Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy). Mientras que Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) mandaron representantes. En representación de los legisladores, participaron Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO; Rodrigo De Loredo, titular del bloque de la UCR; Alejandro Cacace (UCR); Miguel Ángel Pichetto; y Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal.
Allí, los mandatarios insistieron en que si la Ley Ómnibus imponía retenciones a las economías regionales, no la apoyarían. La Libertad Avanza tiene apenas 38 diputados en la Cámara Baja y requiere imperiosamente el consenso de un centenar de escaños ajenos.
Además de las retenciones, los gobernadores opositores no están dispuestos a votar una ley que ajuste a los jubilados. Se niegan a pagar ese costo político. Por eso, se plantaron sobre ese punto y manifestaron que preferían una “fórmula mala”, refiriéndose a la actual, antes que concederle al Ejecutivo la discrecionalidad de actualizar por decreto las jubilaciones. El Gobierno hizo lugar y señaló que en abril se revisará la fórmula de movilidad previsional.
Respecto a las privatizaciones, Milei aceptó retirar a YPF de la lista, que era un pedido -sobre todo- de los gobernadores vinculados a provincias petroleras e hidrocarburíferas. En tanto, para otras empresas públicas como Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Además, se incorporó expresamente la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley N 23.696 para el seguimiento de los trámites respectivos.
En cuanto a las facultades delegadas, el Presidente Milei aceptó delimitarlas en tiempo y materia, así como también señaló en el documento que serán sólo por un año con posibilidad de extender un año más. Originalmente, la Ley Ómnibus las había pedido por dos años, prorrogables a dos, y con un espectro muy amplio de materias sobre las cuales decidir en “emergencia”.
Hasta antes de recibir el documento del Gobierno, los gobernadores de la UCR y el PRO analizaban hacer una reunión presencial para mañana en Buenos Aires. Incluso, barajaban pedirle una reunión cara a cara a Milei para discutir las modificaciones a la norma de 664 artículos. Por estas horas, los mandatarios se encuentran con sus equipos técnicos estudiando el texto con los cambios que aceptó la Casa Rosada y tomarán una decisión durante la tarde.
Mientras tanto, Milei recibió esta mañana a José Luis Espert, diputado nacional y presidente de la estratégica comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados. Allí analizaron la situación legislativa del tratamiento de la Ley Ómnibus y acordaron convocar al plenario de comisiones para mañana o el miércoles. En Gobierno pretende que el articulado se trate en el pleno entre el jueves y el sábado, con el objetivo de que la semana que viene ingrese al Senado.
Cabe recordar que el Jefe de Estado dispuso la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero. Es importante resaltar que por su reglamento, la Cámara Baja debe dejar pasar una semana una vez que emitió dictamen en comisión sobre un proyecto. En es escenario, el texto con media sanción recién podría ser tratado en el recinto de la Cámara Baja a partir del 5 de febrero. Son los cálculos que analiza Milei y sus asesores en estos momentos.
No obstante, no se descarta que la oposición insista con revisiones al texto. Sobre todo porque se trata de un documento informal que deberá ser plasmado de forma normativa para recién ahí discutirlo en el Congreso. La conversación está abierta.
