SUQUIA
El Gobierno consiguió el aval a las modificaciones estructurales que impulsó, entre ellas el régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI).
Después de casi 20 horas de un debate extenuante, la Cámara de Diputados aprobó en general la Ley Bases promovida por la gestión de Javier Milei. Fue por 142 votos positivos, 106 negativos y 5 abstenciones. De inmediato, sin pausa ni un cuarto intermedio, los legisladores se abocaron a la discusión en particular del articulado.
Pese a la presión de la oposición dura, el oficialismo y sus aliados de los bloques dialoguistas lograron aprobar los capítulos sobre privatizaciones, facultades delegadas para reorganizar y eventualmente disolver organismos públicos, y una reforma laboral destinada a flexibilizar las condiciones de contratación en las empresas.
Luego de la aprobación en general, los legisladores se enfrascaron en una fuerte discusión sobre la metodología a aplicar en la votación del articulado. El oficialismo bloqueó toda posibilidad de cambios y logró, no sin fuertes reproches de los opositores duros, que la iniciativa se vote por capítulos -no por artículo- para evitar que se rechace o se modifique alguno de los puntos más conflictivos y la sesión finalice en un fracaso, como en febrero pasado.
La estrategia legislativa resultó exitosa: sin mayores complicaciones, el oficialismo -que a lo largo de la votación logró mantener un piso de 134 votos positivos- aprobó en particular las distintas herramientas contempladas dentro de esta versión de la Ley Bases que, en rigor, es más acotada que la que se presentó en diciembre pasado, la cual naufragó por falta de consenso.
Facultades delegadas
El primer capítulo de la iniciativa es clave para el Gobierno en esta etapa de su gestión: incluye la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. Ante los reparos de la oposición sobre este último punto, el oficialismo accedió a exceptuar de una eventual disolución a una quincena de organismos públicos.
No obstante, legisladores de la Coalición Cívica, de la UCR y de Unión por la Patria cuestionaron el artículo durante el debate en particular, ya sea para incorporar nuevos organismos a ser exceptuados o bien suprimirlo. No tuvieron éxito: el oficialismo se impuso con 135 votos positivos frente a 116 negativos y 2 abstenciones.
Posteriormente, los diputados abordaron el capítulo sobre privatizaciones de las empresas públicas, que terminó aprobado con 138 votos positivos, 11 negativos y 2 abstenciones.
De las 41 compañías que originalmente el Gobierno pretendía privatizar en diciembre pasado, debió conformarse con un listado mucho más acotado. Según la iniciativa, Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina e Intercargo podrán ser privatizadas de manera total. En tanto, las firmas Agua Y Saneamientos Argentinos S.A, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (Sofse) y Corredores Viales S.A. podrán ser privatizadas parcialmente. En tanto, el Banco Nación y sus empresas subsidiarias quedaron afuera del proyecto.
Reforma laboral
Asimismo, la iniciativa incorpora una reforma laboral que apunta, fundamentalmente, a flexibilizar las condiciones de contratación por parte de las empresas: extiende a seis meses el período de prueba para los nuevos trabajadores, plazo que se puede prolongar hasta ocho meses y un año para las PyME, según su tamaño; asimismo, se elimina el cobro de multas a los empleadores por el trabajo mal registrado de sus empleados y habilita a las empresas (previo acuerdo con el gremio correspondiente) a crear un Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo al actual régimen de indemnizaciones.
En vano, el radicalismo, en la voz del diputado Martín Tetaz, intentó incorporar sendos artículos para sancionar los bloqueos a las empresas y eliminar la obligatoriedad de los aportes solidarios a los sindicatos que forman parte de varios convenios colectivos de trabajo. Los libertarios rechazaron la propuesta.
Por otra parte, el proyecto incorpora un ambicioso Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de montos superiores a los US$ 200 millones. Está dirigido, fundamentalmente, a los sectores hidrocarburíferos, mineros, agroindustriales y forestales, entre otros.
Si bien este capítulo se aprobó sin mayores complicaciones, varias voces elevaron sus críticas por los beneficios fiscales, a su juicio excesivos, que gozarán las grandes empresas y multinacionales que ingresen en el régimen: una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos; la contabilización del 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de Ganancias y la posibilidad de pagar el IVA a proveedores y a la AFIP con certificados de créditos fiscales.
“Crea las condiciones para un patrimonialismo de amigos”, asestó la diputada Paula Oliveto, quien agregó: “Nos parece poco sano en términos republicanos avanzar con este proyecto junto con un blanqueo de capitales, pueden ingresar capitales oscuros, del crimen organizado, a este régimen”.
También se pronunció en contra la diputada Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal).: “Se hace un traslado enorme de privilegios al sector privado, es muy inequitativo respecto de las PyME. Este capítulo revela claramente que todas las obligaciones son para el Estado, no para el sector privado y nada se les reclama. Se nota que fue diseñado por estudios o escritorios fuera del Estado”.
“¡Estamos votando un aumento del gasto tributario!”, clamó la diputada Julia Strada, de Unión por la Patria.
“Quiero desmitificar este tema. No es la entrega de la soberanía, es para atraer inversiones y para el desarrollo del país”, justificó su apoyo al RIGI Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal. “Al Presidente hay que darle herramientas”, agregó, no sin antes pasarle un aviso al jefe de Estado para que entable un “diálogo constructivo” con el Congreso. “Que deje de agraviar”, remarcó.
No menos intensa fue la discusión sobre la derogación de la moratoria previsional, también prevista en la iniciativa. En su reemplazo, y a instancias del radicalismo, el oficialismo accedió a incluir una Prestación de Retiro Proporcional para los que hubieran alcanzado los 65 años de edad y que no cumplan con el requisito de haber cumplido los 30 años de aportes a partir de los 60 años mujeres o 65 años los varones.
Pese a las fuertes críticas de Unión por la Patria, el artículo finalmente se aprobó 125 votos positivos frente a 113 negativos.
