SUQUIA
El fiscal Ramiro González citó a declarar al denunciantes Juan Carlos Blumberg, al abogado Carlos Maslatón y a una legisladora porteña.
Debido a cuestiones de “gravedad institucional”, el fiscal federal Ramiro González ordenó abrir una investigación preliminar para determinar posibles irregularidades en el proceso electoral tras las denuncias por la supuesta venta de candidaturas en el espacio de Javier Milei.
“Resultando cuestiones que revisten gravedad institucional corresponde que el suscripto, en el marco de las facultades y obligaciones que tiene esta Fiscalía Federal con competencia Electoral, conforme el art. 146 quinquies del Código Electoral Nacional y los arts. 7 y 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148, ordene la formación de una instrucción preliminar a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral“, advirtió el fiscal.
Ramiro González es fiscal con competencia electoral y citó a declarar para el martes al empresario y uno de los denunciantes Juan Carlos Blumberg, al abogado Carlos Maslatón, a la legisladora porteña de La Libertad Avanza Rebeca Fleitas y a la exmilitante del partido, Mila Zurbriggen.
La investigación preliminar fue abierta “en atención la importancia que reviste la transparencia de las organizaciones partidarias en sus acciones durante el proceso electoral“.
El empresario Blumberg se había integrado a La Libertad Avanza pero finalmente lo abandonó, acusando a su líder de hacer de la política “un negocio“. Dijo que se pagan hasta u$s50 mil por un lugar en las listas. Responsabilizó, entre otros, a Carlos Kikuchi, exmano derecha de Milei.
Milei respondió. A través de las redes sociales, el precandidato presidencial salió al cruce de las acusaciones que lo señalan por “vender” las candidaturas en Twitter: “A ver si se entiende de una vez. En este espacio se queda el que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia)“.
Mila Zurbriggen, que era presidenta de la agrupación juvenil Generación Libertaria, denunció amenazas contra ella y sus compañeros de militancia tras las duras acusaciones que lanzó contra La Libertad Avanza por negociar candidaturas a cambio de financiamiento y elegir mujeres para cargos partidarios “por favores sexuales“.
Fuentes judiciales deslizaron que aún es prematuro hablar de un delito electoral o posible violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos, pero que hay varias aristas que analizar. Por ello se abre una investigación preliminar con las citaciones ordenadas.
Las fuentes recordaron además que los partidos políticos tienen la obligación de presentar un informe de rendimientos de gastos de campaña finalizado el proceso electoral.
