SUQUIA
El juez federal Sebastián Casanello le indicó al Ministerio de Capital Humano que presente un plan en 72 horas para cumplir la orden. El vocero presidencial anunció que apelarán la medida.
El juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, que en 72 horas elabore un plan para distribuir las cinco toneladas de alimentos alojadas en depósito para ayuda social que no fueron repartidas para “su ejecución de modo inmediato”. El magistrado también dispuso un operativo para hoy a la mañana en los depósitos, para tener un detalle de todo lo almacenado.
“Encomendar al Ministerio de Capital Humano a que, en el marco de sus competencias y de las obligaciones antes descriptas, elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas“, señala la resolución.
Se trata de una causa penal que inició en febrero pasado el dirigente social Juan Grabois contra el Ministerio de Capital Humano por la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”
Grabois denunció que en dos centros de distribución, uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, en Tucumán, se almacenan casi cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir que tiene la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano. Son 2.751.653 kilos en Villa Martelli y 2.269.078 kilos en Tucumán.
El gobierno reconoció esa situación. Lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni la semana pasada en conferencia de prensa y el Ministerio de Capital Humano en la causa judicial. La cartera explicó que verificaron irregularidades en la forma de distribución de esa comida que hacía el gobierno de Alberto Fernández y que trabajaban en un mecanismo para mejorarlo.
“El derecho humano fundamental a la alimentación está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, los que están expresamente reconocidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que integran el denominado ´bloque de constitucionalidad´. Los mandatos también contemplan la especial protección de determinados grupos de personas en función de alguna condición de vulnerabilidad”, explicó el juez Casanello.
El magistrado también resaltó los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que señalan que “el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria -el 14% de forma severa”.
Casanello rechazó el pedido de la fiscal Paloma Ochoa para que los alimentos se entreguen a todos los comedores que están inscriptos en el Registro Nacional de Comedores. El juez explicó que “corresponde a la Administración elegir, según su enfoque, los medios más adecuados para asegurar el derecho fundamental a una alimentación adecuada y, en este caso puntual, distribuir los alimentos almacenados”.
“El derecho fundamental a una alimentación adecuada, reconocido y protegido internacionalmente y al que el país le ha dado jerarquía constitucional, impone claramente el deber del Estado de garantizar su efectividad de manera integral, pues no hay vida sin salud y no hay salud sin derecho a la alimentación. Ese deber impostergable de realización en cabeza de las autoridades públicas también supone, por parte del Poder Judicial, la posibilidad de llevar a cabo acciones positivas con base en el mandato de custodia de las garantías constitucionales”, agregó.
Así, Casanello dispuso ordenes de presentación para que hoy se “detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, lo que deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”. También “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha” y “los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada”.
La respuesta
Luego de que se difundiera la resolución, el gobierno nacional aseguró que apelará la orden y el portavoz presidencial, Manuel Adorni, lo explicó. “Nosotros siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que están a nuestro alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como bien es este caso”, señaló a modo de introducción.
“Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública”, agregó el vocero que, para sostener esta posición, apuntó: “Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. No es algo que ocurre sólo en la Argentina…. Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock”.
Par ser más específico, el funcionario explicó que “de los 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones corresponden a yerba mate que fue comprada por el gobierno anterior”. Y de inmediato enfatizó que “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. No hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que esté en riesgo de vencerse”.
Para el portavoz de Javier Milei, los reclamos surgen de gente que perdió privilegios: “A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios y con todo un esquema en la Argentina, donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal, que se sienten dolidos porque se terminó el usufructo personal que tenían”.
