SUQUIA
Los productos son destinados a residencias de la capital cordobesa dependientes de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.
El bloque del Frente Cívico de la Legislatura de Córdoba presentó un pedido de informes al Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, brinde detalles sobre distintos aspectos relacionados a la adquisición, la distribución y la logística de carne de vaca, pollo y cerdo como provisión estimada para tres meses, con destino a residencias de la capital cordobesa dependientes de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.
“Por la información con la que cuenta este bloque, en los precios unitarios presupuestados para cada corte de carne se encuentra incluido el costo de logística y distribución a cada residencia, pero no se discrimina ni detalla el monto que corresponde al producto y a su logística y distribución, lo cual sólo agrega más confusión e inverosimilitud al tema“, indicaron desde el espacio juecista.
En el escrito, los legisladores ponen de manifiesto que, aún teniendo en cuenta que en los precios presupuestados y ejecutados se incluye el traslado, los mismos “resultan exorbitantes y fuera de toda lógica“, indicando claramente la existencia de sobreprecios que superan en un 50% y hasta el 140% al valor minorista de tales productos en el mercado.
Según la documentación a la que accedió este medio y tal como se contó en la Súper Mañana de la Suquía, el kilo de pechuga de pollo aparece facturado a $14.736, cuando el valor de mercado minorista es de $6.000 y el mayorista es de $4.000. El kilogramo de carne molida aparece facturado a $11.000, cuando está a $5.800; mientras que la palomita fue adquirida a $12.000, cuando el valor de mercado es $7.000.
Cabe destacar que los precios incluyen el valor de traslado, aunque todas las residencias se encuentran en la ciudad de Córdoba. Esto sumado a que el proveedor no es un comercio de renombre y que tiene poca actividad económica, salvo algunos abastecimientos al sistema carcelario cordobés.
La Senaf depende del ministerio de Liliana Montero, quien viene de la oposición y es reconocida por haber denunciado en reiteradas oportunidades supuestos casos de corrupción de los gobernadores De la Sota y Schiaretti.
