SUQUIA
Ignacio Maglio, abogado especialista en Salud Pública, habló con la Súper Mañana de la Suquía.
El caso de J.S., el paciente cuya familia solicitó hace varios meses que se lo desconecte del soporte vital para garantizarle una “muerte digna” tras declararse como un cuadro irreversible, sigue generando cuestionamientos y situaciones polémicas por la complejidad de la decisión.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) autorizó el retiro, lo que se concretó la semana pasada, pero el organismo del hombre continúa activo. En medio de la espera, ocurrió una confusa situación que fue denunciada por una de las abogadas que asesora a la familia.
Diva Ibanguergoytia aseguró a la Súper Mañana de la Suquía que la legisladora provincial Amelia Moscoso y la exlegisladora María Rosa Marcone, de Encuentro Vecinal, “irrumpieron en el hospital de Urgencias, entraron a la habitación de J.S. e increparon a la hija hasta provocarle una crisis nerviosa”.
Sin embargo, Marcone confirmó en el mismo programa que había asistido al nosocomio con autorización de la hija del paciente y que había sido una conversación amena.
Ignacio Maglio, abogado especialista en Salud Pública, presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped, jefe del Departamento de Riesgo Médico del Hospital Muñiz y miembro del Concejo de Bioética de la Unesco, habló también con la Súper Mañana de la Suquía sobre este caso y aseguró: “El valor que debe primar, en este y en todos los casos, es el respeto por la dignidad personal, que es un valor que se predica de las personas y que excede a lo que nosotros entendemos como la vida biológica. Consideramos a este principio como el fundamento de toda ética y de los derechos humanos, considerando a cada persona como un fin en sí misma y no como un medio. Nos empuja a evitar la cosificación y a entender que no tiene nada de bueno intentar curar lo incurable“.
“Hay que entender que la vida es un derecho y no una obligación. Y que las condiciones en las que J.S. estaba agonizando o sobreviviendo eran indignas. Esto también es producto de la inequidad y la desigualdad, porque al ser una persona pobre no tuvo acceso a otros cuidados para que se realice lo que se considera adecuación terapéutica. Hay muertes indignas que están vinculadas con la pobreza“, agregó el especialista.
Sobre la tarea de desconectar al paciente, indicó: “Hace 30 años que trabajo en el Hospital Muñiz y conozco lo que significa y la angustia moral que genera en los trabajadores de la salud. Desde el punto de vista de la ética y de la ley, tiene el mismo valor tanto la abstención como el retiro del soporte vital. Pero sabemos desde lo operativo que es mucho más fácil hacer lo primero“.
“Aunque también hay que tener en cuenta que mantener a una persona en un estado absolutamente irreversibles, cuya agonía se prolonga en forma penosa, gravosa e indigna, también genera un padecimiento mucho más traumático. Es como tener cadáveres oxigenados en las unidades de terapia intensiva. Esto no sólo pulveriza la dignidad personal, sino que además dilapida los recursos“, sentenció Maglio.
Finalmente, dijo: “Mi experiencia me permite asegurar que muchas veces el retiro del soporte vital es una situación de liberación de angustia, tanto para los familiares como para los equipos de salud. De lo contrario, implementar de forma indefinida métodos de soporte vital cuyo único propósito es prologar la agonía estamos frente a una mala praxis. Entonces, debemos entender que quitar el soporte no es matar o morir, sino permitir morir“.
