El Gobierno prohibió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida que afectó a trabajadores de distintos medios y generó repercusiones en el ámbito periodístico.
La decisión implicó que cerca de 60 periodistas perdieran el acceso habitual a Balcarce 50, luego de que se desactivara el sistema de ingreso mediante huella digital que utilizaban para ingresar al edificio.
Desde el oficialismo señalaron que la medida se da en el marco de una investigación por presunto espionaje, vinculada a una denuncia que involucra a dos periodistas y a una supuesta infiltración en el entorno presidencial.
La decisión generó un fuerte rechazo de entidades del sector, entre ellas el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que cuestionó la restricción al considerar que afecta el ejercicio del periodismo de manera generalizada.
Desde esas organizaciones advirtieron que impedir el acceso a periodistas acreditados limita la cobertura informativa en la Casa Rosada y reclamaron que se garantice el trabajo de la prensa.
Por el momento, la medida se mantiene vigente mientras avanza la investigación judicial y crece el debate sobre su alcance y sus consecuencias.
