El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto que propone modificar de manera estructural el sistema electoral argentino. También incluye Ficha Limpia, nuevas reglas para partidos y cambios en el financiamiento político.
El presidente Javier Milei confirmó que en las próximas horas ingresará al Congreso una ambiciosa reforma electoral que apunta a rediseñar distintos aspectos del sistema político argentino. La iniciativa contempla modificaciones en la selección de candidatos, la forma de votar, el funcionamiento de los partidos y las campañas.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). De aprobarse, cada fuerza política deberá definir sus candidaturas mediante mecanismos internos propios, sin organización estatal de elecciones primarias.
Otro punto central es la implementación de la Boleta Única de Papel. Bajo este esquema, toda la oferta electoral aparecerá en un único documento, donde el votante podrá optar por una lista completa o seleccionar categorías por separado. El sistema reemplazaría las actuales boletas partidarias.
La propuesta también incorpora el criterio de Ficha Limpia. Esto impediría ser candidato o ejercer cargos partidarios a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia. La limitación alcanzaría además ciertos nombramientos dentro del Poder Ejecutivo.
En paralelo, el proyecto eleva las exigencias para la creación y permanencia de partidos políticos. Se exigiría un mínimo de afiliados equivalente al 0,5% del padrón distrital y presencia en al menos 10 distritos para reconocimiento nacional. Además, deberían alcanzar pisos electorales mínimos para evitar la caducidad.
En materia de financiamiento, se propone una distribución mixta de fondos públicos: un 20% en partes iguales y el 80% restante según resultados electorales previos. También se fijan límites más estrictos a los aportes privados.
Por último, se prevén nuevas restricciones para la campaña electoral. El cronograma sería de 60 días, con cierre 48 horas antes de la votación, y se prohibiría inaugurar obras públicas o lanzar programas masivos en los 25 días previos a los comicios.
La iniciativa abrirá un debate político de alto voltaje en el Congreso, donde oficialismo y oposición medirán fuerzas sobre uno de los temas más sensibles del sistema democrático argentino.
