Algunas de las viviendas fueron construidas con el crédito ProCreAr. Reclaman falta de respuestas de las autoridades.
Informe Alejandro Pozo.
Horas de desesperación viven 11 familias de barrio Villa Rivera Indarte, que compraron sus terrenos (algunos desde hace alrededor de 10 años), construyeron sus casas, en 2022 se enteraron que fueron estafados y ahora la Justicia les avisó que mañana los desalojan y van a derrumbar las viviendas. La estafa fue tan imperceptible que, incluso, algunos de ellos accedieron a créditos del ProCreAr para edificar.
“Todas las casas son de material y representan el esfuerzo de, al menos, 10 años de trabajo. Nos dijeron que no debían haber adultos mayores ni niños porque podían infartarse por lo que iban a ver“, comenzó relatando una de las damnificadas.
Luego, agregó: “Nadie nos escuchó ni nos dieron ningún espacio. La jueza Patricia Rin no quiso en ningún momento apiadarse, no nos quiso dar participación en el juicio, no nos aceptó ninguna nulidad ni nos dio ningún espacio para mediar y que no nos quedemos en la calle con los 15 niños que viven acá. Ni Senaf ni Desarrollo Humano quisieron intervenir en nada que nos beneficie“.
“Nosotros compramos en el año 2016 y hace cuatro que estamos construyendo. El juicio comenzó en 2017, por lo que claramente la jueza sabía que se estaba construyendo acá y se estaba realizando una estafa. Nosotros nos enteramos el año pasado con el desalojo en mano. Lo frenamos a través de una denuncia penal a la persona que nos vendió, Juan Carlos Ordoñez, quien está en su casa con prisión domiciliaria. Para poder gozar de ese régimen pagó una fianza de $6 millones con nuestro dinero, porque días antes de que lo detuvieran siguió vendiendo lotes y cobró $3 millones“, indicó otra de las estafadas.
La mujer explicó: “El dueño de los lotes es un síndico. Nunca pudimos llegar a un acuerdo. Nunca nos notificaron nada, aún estando construyendo nosotros en el predio. Nosotros nos enteramos que fuimos estafados porque el año pasado llegaron oficiales de justicia con una orden para desalojarnos. Actualmente hay 11 casas construidas, porque obviamente el resto de los compradores no avanzaron con las obras“.
“Imagínese la calidad de los documentos apócrifos, que pasaron dos créditos ProCreAr. Esa gente mañana se queda sin casa y con una deuda a 30 años. Absolutamente nadie reconoce este error“, contaron las víctimas.
Finalmente, reclamaron: “Antes de que asuma el gobernador, el intendente y los funcionarios se contactaron con nosotros para sobarnos la espalda y ahora nadie aparece. Nadie viene a ayudarnos“.