SUQUIA
Un equipo de la Agencia Nacional de Discapacidad identificó desvíos por unos US$3.400 millones solo en 2023, en beneficio de personas sin problemas de salud.
El Gobierno anunció este viernes que auditará “uno por uno” a los beneficiarios de las pensiones por invalidez laboral, tras identificar el otorgamiento de esas asistencias a personas que no las necesitaban. Lo que definieron como “una actividad fraudulenta a gran escala”, equivale a desvíos de fondos que estiman en unos US$3.400 millones en 2023, según surge de una investigación interna de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
“La cifra de pensiones a diciembre 2023 se ubicó en 1.222.000 beneficiarios después de cuatro años de gestión del profesor [Alberto] Fernández. Este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras ni catástrofes naturales”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar en conferencia de prensa la revisión a partir de agosto de más de un millón de personas que reciben ese beneficio de unos $210.000 por mes. “Cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta será denunciada penalmente”, agregó el funcionario.
La auditoría será sobre el 100% del padrón de beneficiarios: “Va a ser uno por uno –insistieron–. No podemos cometer el error de sacarle la pensión a quien le corresponde. Citaremos a todos y la evaluación será con criterio médico y socioeconómico. Habrá instancias de revisión”.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había dado a conocer el mes pasado que el equipo de trabajo a cargo de Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Andis, había detectado un incremento exponencial de la entrega de las pensiones por invalidez laboral en las dos últimas décadas: de las 79.581 existentes en 2003, según indicaron, el gobierno de Alberto Fernández culminó con más de 1,2 millones de pensiones, “una cifra que volvió a ascender” con respecto a 2019.
Una auditoría médica sobre una muestra de 2559 casos, en parte judicializados y en parte seleccionados al azar, encontraron que apenas un 7% reunía los requisitos de invalidez para poder trabajar. En el resto, identificaron que “no cumplían con los requisitos mínimos” de acceso a una pensión.
“Se encontró un sistema de pensiones por invalidez poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”, ampliaron desde la agencia, que depende del Ministerio de Salud de la Nación desde la reorganización del organigrama del Estado en diciembre pasado. “Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”, continuaron.
En la Andis, según definieron, operaban dos circuitos para obtener una pensión: el que seguían las personas con una necesidad cierta de esa asistencia por discapacidad laboral y “un circuito exprés”, como lo identificaron. Mientras que el primero demoraba entre uno y dos años, el segundo –concentrado en algunas provincias– resolvía la entrega de la pensión en alrededor de dos meses.
Estiman que entre un 30% y un 40% del padrón fueron asistencias mal concedidas.
En la muestra auditada de más de 2500 pensiones, la agencia anuló las que habían sido otorgadas irregularmente; incluían expedientes en los que la radiografía de un perro acompañaba el certificado médico por un trastorno de disco lumbar emitido por un médico de Corrientes. En Chaco, con la misma radiografía de hombro se justificaron 150 pensiones por invalidez.
Solo una de las personas a las que se le retiró el beneficio formalizó un reclamo, según refirieron en la Andis.
Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y la provincia de Buenos Aires son las jurisdicciones donde más irregularidades detectó el equipo de la Andis.
El 25% del padrón de beneficiarios reside en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Corrientes son los distritos donde más de estas pensiones se otorgaron en los últimos cuatro años en proporción con el tamaño de su población.
En esa “zona caliente”, como la denominaron, “había casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad alguna, incluidas personas con bienes de alto costo registrados, como aviones, embarcaciones, más de un automóvil y múltiples inmuebles”.
Había personas que trabajaban en tareas que, por el diagnóstico documentado para declarar la invalidez, estaban supuestamente imposibilitados de realizar o que no tenían un problema de salud, sino que habían accedido a la pensión por ser pobres. Había beneficiarios que tenían un ingreso propio o familiar de hasta $1,5 millones por mes.
La salud mental fue el principal motivo en los certificados médicos para solicitar la pensión. En casos que están judicializados en el norte del país, dieron con un profesional que extendió un centenar de certificados y montos de $40.000 a cambio de ese documento necesario para solicitar la pensión.
“Alrededor del 35% del total de las pensiones otorgadas presentan incompatibilidades –estimaron en la Andis–. El 5%, o casi 60.000 pensiones, son incompatibles porque sus beneficiarios poseen bienes y trabajo, mientras que el 30% restante lo es en los requisitos médicos”.
Durante la gestión anterior, cambiaron las condiciones para acceder a esta ayuda estatal en caso de imposibilidad para trabajar. Dejó de ser requisito el 76% de discapacidad comprobada por una evaluación médica y se reemplazó por “tener una condición de salud y vulnerabilidad social que impida la plena inclusión”.
Los demás requisitos incluyen ser argentino, naturalizado o extranjero con por lo menos 10 años de residencia en el país (tres años para los menores de edad); no percibir jubilación, pensión, retiro u otra prestación no contributiva ni tener un empleo formal, ingresos suficientes o estar en la cárcel. Sin embargo, según precisaron, entre los beneficiarios hay 100.000 chicos que recibían la pensión por invalidez laboral, 25.000 beneficiaros que estaban trabajando y 30.000 extranjeros sin información sobre su condición de residencia en el país.
“Con el tiempo fueron flexibilizando de a poco, con pequeñas normativas, los requisitos para otorgarlos. Desde 2023, con una nueva normativa, se eliminó directamente el mínimo del 76% de incapacidad laboral y los límites de edad, por lo que niños recibían pensión por invalidez laboral, lo que destruyó por completo el sentido de estas pensiones y se llegó a diciembre pasado con más de 1,2 millones de asistencias por invalidez”, detallaron en el equipo que, después del relevamiento estos meses, está terminando de definir la auditoría del mes que viene.
En paralelo, avanzarán con el Ministerio de Salud en un relevamiento de las prestaciones del programa Incluir Salud, una cobertura pública a la que acceden los beneficiarios de esta asistencia por invalidez laboral.
“La investigación sobre las pensiones otorgadas de manera irregular también permitió observar el uso indebido del programa nacional de cobertura médico asistencial para todos los titulares de pensiones nacionales no contributivas. Desde Andis iniciamos una auditoría para determinar las prestaciones mal otorgadas y facturaciones truchas –anticiparon–. La agencia les transfiere a las provincias entre $1,2 y $1,7 millones por mes, por afiliado, para garantizar esa cobertura”.