SUQUIA
La candidata de JxC fue duramente criticada por juristas y académicos por plantear registrar conversaciones de detenidos con sus abogados.
La idea de Patricia Bullrich de grabar las conversaciones entre los detenidos y sus abogados defensores, generó un rotundo rechazo de juristas y académicos, que consideraron que se trata de una propuesta “ilegal” y “prohibida” en Argentina por la Constitución Nacional, al igual que en “todos los Estados democráticos” del mundo y a diferencia de lo que ocurre en naciones regidas “por la ley de la selva”.
Ex jueces, abogados y profesores universitarios alertaron que la hipótesis de la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) viola una “garantía elementalísima”, que es la defensa en juicio de las personas y sus derechos, no sólo para la Argentina sino para todos los países democráticos del mundo.
“Distingue sin remedio los Estados democráticos de aquellos en que se pretende que rija la ley de la selva o fuerza bruta de las bestias”, graficó en diálogo con Télam Raúl Ferreyra, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.
El académico explicó que “todas las garantías se encuentran en la escritura fundamental, la Constitución, para autorizar la certeza en las relaciones porque, sin certeza, no hay paz” y advirtió: “En suma, dime las garantías y te diré qué tipo de Estado promueves y defiendes: si el democrático o la barbarie”.
También, el diputado nacional Leopoldo Moreau dijo a esta agencia que no le “llamaban la atención” las expresiones de la postulante de JxC porque, con esa iniciativa, “pretende blanquear lo que ya hicieron (el ex presidente Mauricio) Macri, (el ex titular de la AFI, Gustavo) Arribas y la propia Bullrich cuando ordenaron escuchar las conversaciones en el penal de Ezeiza y Melchor Romero de los detenidos exfuncionarios kirchneristas” durante el Gobierno de Cambiemos.
La Justicia de Lomas de Zamora concluyó en el 2020 que hubo una coordinación entre el Servicio Penitenciario Federal y la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) durante el macrismo, que permitía la circulación de información sobre los exfuncionarios kirchneristas presos.
“Espero que haya un pronunciamiento masivo de los Colegios de Abogados de todo el país, de la Asociación de Magistrados, de las facultades de derecho a esta propuesta descabellada; el derecho a la defensa no sólo es una institución en Argentina, sino en el mundo entero”, expresó Moreau.