SUQUIA
Las autoridades nacionales evitan hacer un balance hasta que no haya terminado, mientras siguen de cerca los acontecimientos y continúan con las negociaciones hasta último minuto.
Desde su oficina en la Quinta de Olivos, alejado de las acaloradas discusiones que se estaban llevando adelante en el Congreso, el presidente Javier Milei siguió de cerca la primera jornada del debate de la denominada Ley Ómnibus, que se desarrolló en medio de disturbios en las afueras del recinto y negociaciones permanentes entre el oficialismo y la oposición.
Aunque confían en que van a tener los votos para aprobar el paquete de proyectos, incluso aquellos artículos que todavía generan cierta polémica, las autoridades nacionales evitan hacer un balance de lo que fue el primer día de la maratónica sesión, que continúa este jueves, y prefieren esperar a la votación.
La principal disputa con la oposición -luego de que Luis Caputo anunciara que se retiraba el paquete fiscal- es por las facultades delegadas que la norma le otorga a Milei. De las 12 emergencias que le permitirían al Presidente legislar sin pasar por el Congreso en lo referente a esas áreas, el oficialismo terminó descartando seis: económica, financiera, en seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Sin embargo, todavía había diputados que buscaban remover la emergencia tarifaria y fundamentar mejor las bases que restringen las facultades delegadas en materia de seguridad.
Dentro del radicalismo, el sector liderado por Facundo Manes fue el que se expresó con mayores reparos sobre este punto. Sin embargo, no tendría todo el acompañamiento de la banca ya que otros diputados de la UCR reconocieron que los libertarios ya han bajado significativamente la cantidad de emergencias y señalan que en el pasado también se han votado facultades delegadas a otros presidentes.
En la misma línea, los 8 miembros de la Coalición Cívica y los socialistas, que integran el bloque HCF, también adelantaron en su dictamen de minoría que no están de acuerdo con ningún tipo de delegación de facultades. Sumado a esto, está la incógnita sobre cómo se expresarán los 9 diputados de Innovación Federal que responden a gobernadores. Si bien dijeron que tenían diferencias con este punto, no adelantaron su voto.
Expectantes, los principales referentes de La Libertad Avanza, con y sin cargos, se acercaron hasta la Cámara de Diputados para respaldar la iniciativa que el jefe de Estado envió a finales de diciembre pasado y que en este último tiempo sufrió varias modificaciones.
Desde temprano, en el despacho de Martín Menem, el presidente de la Cámara, se instalaron el asesor presidencial Santiago Caputo, principal estratega del Gobierno, y Maximiliano Fariña, quien fue en representación de Federico Sturzenegger, uno de los ideólogos de la ley.
En los palcos, en tanto, se encontraban los legisladores porteños Ramiro Marra, Jorge Reta y Sandra Rey, y el senador de la provincia de Buenos Aires Sebastián Pareja, junto a un grupo de empresarios pyme. Todos fueron invitados por Menem.
El primer conflicto del día se dio, justamente, con uno de ellos, Tomás Agote, integrante del Comité PEP (Pymes emprendedores y Productores), quien fue expulsado del lugar por efectivos de seguridad, después de que insultara en reiteradas oportunidades a la diputada de la izquierda Myriam Bregman.
Pasadas las 12:00, y terminadas las cuestiones de privilegio solicitadas por diferentes bloques, se dio inicio formal al tratamiento del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
En las inmediaciones del recinto, varias organizaciones sociales y de izquierda ya encabezaban una protesta contra la iniciativa y unas horas más tarde protagonizarían incidentes con los agentes de la Policía Federal, de Prefectura y de la Gendarmería que fueron desplazados hasta el lugar, en el marco de la aplicación del protocolo antipiquetes.
Por su parte, la Oficina del Presidente emitió por la tarde un comunicado en las redes sociales, en el que remarcó que “la política tiene la oportunidad de empezar a revertir el daño que le ha causado al pueblo argentino”.
“El Gobierno Nacional ha escuchado toda recomendación y objeción. Ahora es responsabilidad de los Sres. Diputados promover las reformas planteadas en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, cada una de ellas fundamentales para liberar las fuerzas productivas de nuestra Nación y recuperar nuestro futuro”, finalizó el texto.
Antes de retirarse del Congreso para seguir el debate desde su oficina en el microcentro, Marra se encontró en los pasillos con la diputada Romina Diez, con quien se quedó hablando durante varios minutos. El encuentro sorprendió, ya que la santafecina es muy cercana a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con quien el legislador porteño no mantiene una buena relación.
Poco después de iniciado el debate, el oficialismo enfrentó su primera dificultad, ya que el sector liderado por Nicolás Massot, del bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto, buscó negociar que se vuelva a incluir la discusión por el impuesto PAIS.
En la previa de la sesión, el Gobierno eliminó del texto todos los artículos vinculados con ese gravamen, los cuales aclaraban que iba a seguir vigente “hasta el 22 de diciembre de 2024″, para evitar un conflicto con los gobernadores, que reclaman que se coparticipe el 30% de su recaudación.
Ante el intento de Massot por reflotar esa cuestión, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se comunicó con un grupo de mandatarios provinciales y se comprometió a recibirlos la semana próxima para hablar sobre ese tema y todos los asuntos fiscales.
De hecho, a lo largo del miércoles, el propio funcionario analizó la posibilidad de dirigirse al Congreso, pero finalmente desistió de esa idea y luego de las 20:00 se retiró de la Casa Rosada con rumbo a su domicilio, para esperar la confirmación del cuarto intermedio y del cierre de la sesión hasta el jueves.
Además del impuesto PAIS, horas antes de que iniciara el debate, del paquete de reformas también se quitó la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) al Tesoro Nacional y la totalidad de la iniciativa sobre el Régimen Federal de Pesca, además de distintos artículos vinculados a la seguridad.
Aunque las autoridades nacionales se mostraron muy críticos de los disturbios que provocaron las agrupaciones de izquierda en los alrededores del Palacio Legislativo -el propio Milei compartió en su cuenta de X un video en el que uno de los manifestantes le pegó una trompada a un militante de La Libertad Avanza-, evitaron opinar sobre el tratamiento del proyecto.
Antes de hacer una evaluación del trayecto que tuvo la iniciativa y del resultado de las múltiples negociaciones que se dieron en torno a ella, el Gobierno quiere esperar a que se vote. En general, tiene prácticamente garantizado el apoyo, pero cuando se trate cada reforma en particular, los números siguen siendo adversos.
Todavía quedan algunos puntos con los que diferentes bloques de la oposición no están de acuerdo, como la privatización de las empresas públicas y las facultades delegadas que se le otorgaría al Poder Ejecutivo para que pueda decidir sobre diversas materias sin tener que pasar por el Congreso, entre otras.
Tras el cuarto intermedio, la Cámara de Diputados retomará el tratamiento de la ley a partir de las 12 de este jueves y por la noche ya se podría saber si el paquete recibe o no media sanción. Si es aprobado, pasará al Senado, donde el oficialismo deberá superar otra prueba antes de cantar victoria.