SUQUIA
El Estado deberá indemnizar a la mujer cuyos cuatro hijos fueron asesinados por su expareja, quien era policía y portaba el arma reglamentaria a pesar de tener múltiples denuncias y una carpeta psicológica.
El 14 de febrero de 2006, una noticia estremecedora surgía desde barrio Cerveceros y nos dejaba a todos conmovidos. Un policía retirado mató a sus cuatro hijos, de entre 6 y 14 años, y luego se quitó la vida. Su objetivo: vengarse de la madre de los niños y su expareja, quien había decidido dar punto final a la relación.
Al llegar al lugar del hecho, los investigadores se encontraron con un escenario macabro. Además de los 5 cadáveres, hallaron cartas que Cándido González les había obligado a escribir a sus víctimas donde le decían a la madre “Te esperamos”. Para cometer el cuádruple crimen seguido de suicidio, el matador usó su arma reglamentaria, una pistola Besar calibre 9 milímetros.
Tres de los niños presentaban un balazo a quemarropa en la frente y el restante en otro sector de la cabeza, mientras que González se efectuó un disparo en la boca. El cadáver de la mayor de las nenas (14) estaba en el living, las otras dos (mellizas de 7) fueron encontradas al final del pasillo de ingreso a dormitorios y el niño (6) estaba sobre un gran charco de sangre en una de las habitaciones, a poca distancia de su padre, quien aún tenía en sus manos la pistola con la que cometió la masacre.
Sentencia firme
“Esto es un duelo que ella va a sobrellevar toda su vida. Lo que buscaba el matador es básicamente esto, exterminar a su familia para matar a la mujer en vida. Cándido González era sargento de la Policía y en ese momento se encontraba con carpeta psicológica y seguía portando su arma oficial, con la que mató a los chicos“, manifestó Marina Romano, abogada de Verónica Blanca del Valle Ramírez.
La abogada aseguró que “se llegó a esta masacre por desidia del Estado, el incumplimiento y la negligencia de no atender las múltiples denuncias e incluso se comprobó que había una orden de que le retiraran la pistola. Hoy ha quedado firme y consentido, finalmente, que Verónica debe recibir una indemnización por parte del Estado“.
“Básicamente lo que dice esta sentencia es que, si se hubieran tomado las medidas de prevención, esta masacre era previsible y evitable. Es más, 15 días después de este hecho se sancionó la Ley de violencia Familiar y se tipificó como un delito grave de los funcionarios públicos no atender las denuncias que realiza la víctima. Ni hablar del Polo de la Mujer y las medidas de restricción, que en ese momento eran impensables“, agregó.
En primera persona
“Fue mucho tiempo de espera y, como siempre digo, Justicia tardía no es Justicia. Nada me va a devolver lo que yo más quiero, que es la vida de mis hijos. Pero hay que ser consientes y tener los pies sobre la tierra“, dijo Verónica Blanca del Valle Ramírez, madre de las víctimas.
Consultada sobre su vida hoy, la mujer dijo: “Tengo una hija de 15 años, que es una criatura hermosa e integra, que tengo el orgullo de decir que la pude criar yo, a pesar de todos mis altibajos, que son frecuentes porque no es fácil seguir después de perder a cuatro hijos. Tengo mi trabajo, que es sagrado, porque mis compañeros me ayudan día a día a no bajar los brazos“.
“Hay días en que estoy bien, otros que no me quiero levantar de la cama o no le encuentro sentido. Pero yo me juré que iba a hacer Justicia por mis hijos y, gracias a mi equipo de abogados, lo logré“, cerró.
