SUQUIA
El último informe del Observatorio de la Deuda Social mostró los avances y los retrocesos del país en materia socioeconómica.
El 44,7% de los argentinos son pobres. Un tercio de los trabajadores no recibe ingresos suficientes para cubrir la canasta básica total. Uno de cada cinco habitantes del país vive en situación de inseguridad alimentaria, el peor registro desde 2005. Seis de cada 10 menores de 17 años viven bajo la línea de la pobreza. Estos son los números que sirven para graficar y humanizar la crisis socioeconómica que vive el país, con inflación récord desde la última híper, y un nivel de actividad que no crece hace más de una década. Tales datos se desprenden de la última encuesta la Deuda Social Argentina realizada por la Universidad Católica Argentina (EDSA-UCA) para el tercer trimestre de 2023.
“El crecimiento de la pobreza es el emergente de los problemas estructurales de la Argentina y la crisis de su modelo de crecimiento. Estamos en una crisis sistémica y de fin de ciclo del régimen económico”, afirmó Agustín Salvia, sociólogo (Universidad Nacional Autónoma de México), director del Observatorio Social de la UCA y referente del estudio que se elaboró a partir de 5799 encuestas en hogares de diferentes centros urbanos del país.
Realizado en forma ininterrumpida desde 2004, la encuesta anual muestra en los últimos años un deterioro en los indicadores sociales (pobreza e indigencia), laborales (informalidad o subempleo, entre otros), educativos y psicológicos en el país, en paralelo a una sostenida mejora en los indicadores de vivienda y acceso a servicios básicos como agua corriente o cloacas.
Según ODSA-UCA, la pobreza por ingresos en el segundo trimestre de este año llegó al 44,7% (el dato del Indec es del 41,1% en el primer semestre). Se trata de un valor que iguala al pico de la pandemia, en 2020, y se ubica como el peor registro desde 2005. La tendencia es similar en el caso de la indigencia, que escaló este año del 8,1% al 9,6% de la población (el dato del Indec es del 9,8%).
Es una foto que muestra un deterioro sostenido, que contradice la visión del presidente Alberto Fernández, quien dijo este fin de semana que el dato de pobreza oficial del Indec está “mal medido”.
“Si hubiera 40%, la Argentina estaría estallada”, afirmó en una entrevista el primer mandatario. “Lo que vemos es el fin del régimen económico, político e institucional post convertibilidad, a partir del cual se reorganizó el desarrollo económico y la distribución social del país, con una decisión de estimular al consumo y poca creación de empleo. Fue próspero en la salida de la crisis de 2001, se estancó y entró en decadencia en los últimos años. Hoy estamos en la agudización de esa crisis, y no cabe asignarlo a un único espacio político”, dijo Salvia, quien le respondió a Fernández sobre las cuestiones metodológicas de la medición: “La subdeclaración es mayor en los niveles de ingresos más altos. Se da en profesionales de clases medias y medias altas, ni siquiera entre los asalariados”.
En su análisis, la consecuencia del esquema económico de las últimas décadas, con estímulo al consumo y desincentivo a la inversión, implicó un estancamiento de la creación de empleo de calidad y la necesidad de ampliar el gasto social para cubrir las urgencias materiales de la población.
De hecho, el informe da cuenta de una tendencia creciente en cuanto a la expansión de la cobertura en los programas de asistencia alimentaria y transferencias de ingresos en el país de forma sostenida en los últimos años, más allá de los picos asociados a la pandemia: hoy, un 35,9% de los hogares argentinos reciben algún tipo de asistencia por parte del Estado, mientras que en 2010 era del 24,4% (en 2006, antes de la creación de la AUH, esa cifra era del 11,3%).
Este esquema de ampliación de la protección social desde el Estado tiene incidencia en los indicadores sociales. De acuerdo con las estimaciones de ODSA-UCA, si no se considera la AUH, otros programas de asistencia ni las pensiones no contributivas, la pobreza llegaría al 49,1% de la población (se estima en 44,7%). Mayor es su efecto sobre la indigencia: se estima en el 9,6%, pero sin contemplar esos programas y transferencias alcanzaría al 20,1%.
“En las últimas dos décadas la Argentina perdió los superávits gemelos, apostó por sostener el consumo antes que el desarrollo productivo a través de la inversión, y en esa lógica aumentó la inflación, pero no la capacidad de crear empleo. Se generó la necesidad de dar más asistencia social a la población para cubrir lo que el mercado de trabajo no lograba proporcionar”, dijo Salvia.
“En un contexto donde no crece el empleo, y el salario va por detrás de la inflación, obviamente el efecto funcional es que tendría que aumentar la pobreza, y no hay forma que eso no ocurra, salvo que haya aumentos en las transferencias de ingresos. La pregunta no es cómo llegamos al 40%, sino por qué no ha sido superior”, agregó el sociólogo, quien pronosticó un empeoramiento en los indicadores en el corto plazo, a medida en que el próximo gobierno avance en correcciones de precios que tendrán como consecuencia un alza en la inflación.
El escenario social es aún más urgente en el segmento infantil. Según estimaciones de ODSA-UCA, la indigencia entre los menores de 17 años es del 16,2% (escaló tres puntos porcentuales con respecto a 2022 y se ubica en el peor registro desde 2005), mientras que la pobreza en este segmento etario ascendió al 62,9% (subió 1,3 puntos porcentuales).
En cuanto al escenario laboral, el informe advierte que hay un deterioro en el empleo, con creciente peso de la informalidad y el subempleo precario (”changas” y trabajo eventual), que explican más de la mitad de los trabajadores. “De 20 millones de personas que hoy compone la población económicamente activa, hoy solo el 40% tiene un trabajo estable”, dijo Salvia. En ese marco, un 33,1% de los trabajadores no llega a recibir un ingreso que cubra la canasta básica total y se ubican por debajo de la línea de pobreza.
