SUQUIA
Condenaron a un policía a cuatro años de prisión tras dispararle a un hombre.
La Cámara Undécima en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba, presidida por el vocal Horacio Augusto Carranza, dio a conocer los fundamentos de la sentencia que condenó al policía Mariano Andrés Martínez a cuatro años de prisión e inhabilitación especial por igual término por el delito de lesiones gravísimas. El damnificado quedó parapléjico luego de recibir un disparo de arma de fuego, mientras huía de un control policial.
La sentencia reconoce que Damián Alejandro Pérez fue “víctima de actos de violencia institucional”. En este sentido, el tribunal remarcó que, sin dudas, se trata de un caso más de “gatillo fácil”; puesto que Pérez padeció que un policía en actividad le disparara con el arma reglamentaria y lo lesionara gravísimamente, dejándolo parapléjico, cuando él estaba desarmado (conforme al voto mayoritario).
Además, según la prueba analizada en el juicio, otros funcionarios policiales que participaban del operativo, a fin de proteger el ilegal accionar del acusado Martínez, le habrían “plantado” un arma de fuego, con la consiguiente imputación seguida en su contra por la supuesta comisión de dicho delito.
Por otro lado, la sentencia señala que Pérez también padeció el que, a raíz del obrar simulado de agentes policiales en actividad, “no se hubiera preservado debidamente los rastros y la restante prueba relativa al presente delito, lo cual motivó ingentes esfuerzos tendientes a que se iniciara el presente expediente, y luego se investigara y juzgara, hasta llegar a la presente condena”.
“Todos estos padecimientos implican una lesión espiritual adicional al producido por las lesiones gravísimas, que deberán tener directa incidencia en la cuantificación del daño moral padecido, y por lo cual el Estado deberá responder”.
En tal sentido, la Cámara condenó al imputado Martínez y al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba a indemnizar a los herederos de la víctima en la suma de $301.276,49 pesos por pérdida de chance y $30.000.000 de pesos en concepto de daño moral.
Cabe mencionar que el tribunal también remitió copia de la sentencia a la Fiscalía de Instrucción que por turno corresponda para que investigue la conducta los funcionarios policiales Rodolfo Carlos Ayala, Leandro Daniel Ortega y Roxana Beatriz Lallana por la supuesta comisión de delitos perseguibles de oficio en relación a este hecho.
Fuente: La Nueva Mañana Diario.
