SUQUIA
A medida que los Martilleros Corredores Públicos siguen ejerciendo el corretaje a pesar de la derogación de la ley 7191, las delegaciones del CPI cuestionan el accionar de los dirigentes y demandan acciones concretas.
En diciembre de 2023, el poder judicial cordobés derogó la ley provincial 7191 y prohibió a los martilleros el cobro de honorarios por intermediación inmobiliaria. Esa es la ley por la que se regían desde 1984 miles de martilleros matriculados en el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos (CPMCP).
Sin embargo, ahora es ilegal la actividad de un Corredor Público matriculado en ese Colegio y los únicos profesionales habilitados para el ejercicio del corretaje inmobiliario de la provincia de Córdoba son los matriculados en el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), de acuerdo con la ley 9445. Esa curiosa situación derivó en un frente de conflicto: por un lado, el CPMCP decidió desoír las medidas judiciales y se mantiene activo institucionalmente, mientras que, por el otro, el CPI parece desbordado ante ese avance.
En diversos y contundentes fallos, a diferentes Martilleros Corredores Públicos no solo se les ha prohibido cobrar honorarios profesionales por intermediación inmobiliaria, sino que también han tenido que darse de baja del CPMCP y luego pagar la matriculación en el CPI para evitar denuncias penales por ejercicio ilegal de la profesión.
Sin embargo, el Colegio de Martilleros parece ignorar la determinación judicial. “Quiero llevar total tranquilidad a nuestros colegiados, MCP, porque el título nos habilita para el ejercicio profesional y que se encuentra totalmente vigente nuestra ley 7191”, aseguró el presidente del CPMCP, Marcelo Prato.
Asimismo, en el sitio web de ese Colegio continúan dando difusión a la jura de nuevos profesionales, así como a diferentes capacitaciones y diversos convenios como el que la entidad firmó recientemente con la Asociación Mutualista de Empleados del Banco de la Provincia de Córdoba. El CPMCP tiene actualmente 7300 matriculados y 12 sedes en la capital y el interior de Córdoba.
En tanto, el CPI –nacido en 2007– tiene más 3.700 colegiados, cuatro delegaciones y seis subdelegaciones en el interior provincial. Este año asumió Lucas Péndola como nuevo presidente de la institución.
Y si bien la Justicia parece permitir el desarrollo sin obstáculos del CPI, la coyuntura se presenta difícil para Péndola, que ha comenzado a recibir el malestar y la preocupación de las delegaciones. Los profesionales del interior de la provincia cuestionan el avance de matriculados en el CPMCP y se sienten desamparados por parte de la sede central del CPI en la ciudad de Córdoba.
Mientras tanto, desde el CPI reafirman: “El único profesional habilitado legalmente para el ejercicio del corretaje inmobiliario de la Provincia de Córdoba es el matriculado CPI, Ley 9445. Si la inmobiliaria no tiene un profesional CPI como responsable, no puede cobrar honorarios y es considerada ilegal”, al tiempo que alientan a “denunciar ilegales” en su plataforma online.
El conflicto permanece abierto y toma nuevas formas a medida que se presentan nuevos desafíos. También el ritmo de fiscalización se dilata debido a la enorme cantidad de denuncias que recibe a diario el Tribunal de Disciplina del CPI. Mientras tanto, los profesionales demuestran su incertidumbre, en especial las delegaciones del interior de la provincia, que se sienten cada vez más abandonadas e impotentes.