La Legislatura de Córdoba aprobó la nueva ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Además, en la sesión de este miércoles 20 la Unicameral adhirió a la reducción de dietas de legisladores y de sueldos de funcionarios políticos.

En una maratónica sesión marcada por las reiteradas faltas de quorum, producto de la ausencia de gran parte de la oposición provincial y de las negociaciones a contrarreloj con los gremios estatales por un proyecto presentado sobre tablas a última hora para incrementar las alícuotas de los aportes personales de todos los empleados públicos, la Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

La nueva norma crea guardias locales de prevención y convivencia, y un instituto de formación de políticas de seguridad y de capacitación. También prevé la implementación de armas no letales y la articulación con prestadoras de seguridad privada.

Además, se estableció la obligatoriedad del narcotest para funcionarios públicos y la creación de fiscalías y juzgados de control, entre otros aspectos.

Reducción de dietas

Por otra parte, la Unicameral adhirió al decreto 185/23, que lleva la firma de la vicegobernadora Myrian Prunotto, que dispone la reducción de las dietas de los legisladores en un 15% y del sueldo básico de las autoridades superiores y funcionarios de la planta política legislativa en un 10%.

En la misma sesión, juraron las legisladoras Delia Dolores Romero y Luciana María Presas (Hacemos Unidos por Córdoba). La primera había postergado su asunción por problemas de salud y la segunda reemplazará a Gustavo Brandán, quien al igual que Claudia Martínez pidió licencia para asumir en el Ejecutivo provincial.

Además, se modificó el radio comunal de Chuña Huasi y se aprobó una expropiación en Saladillo para la construcción de viviendas y la promoción comercial. Representantes de ambas comunidades presenciaron con mucho entusiasmo la sanción de estas dos importantes leyes para sus comunidades.

Finalmente, la Unicameral aceptó la renuncia al cargo de rector normalizador de la Universidad Provincial de Córdoba a Jorge Omar Abel Jaimez y designó en su lugar a María Julia Oliva Cuneo.

Se levantó la sesión

El último punto a tratar era un proyecto de ley presentado sobre tablas a última hora para incrementar las alícuotas de los aportes personales de todo el personal comprendido en el régimen de la Ley N° 8.024 (todos los empleados públicos).

La premura del tratamiento provocó que gran parte de la oposición (34 de los 37 que no conforman el bloque Hacemos Unidos por Córdoba) no se presentara al recinto y comprometiera el quorum para sesionar. Algo que sólo ocurrió en algunos momentos en los que estuvieron sentados Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza), Karina Bruno (Córdoba) y Federico Alesandri (Creo en Córdoba).

Los ausentes circularon por los pasillos acompañados por representantes de los gremios, quienes pedían abrir una mesa de negociaciones antes de dar tratamiento a la norma. Eso ocurrió, pero sin resultados por el momento. La oposición pedía más tiempo para analizar la propuesta.

Finalmente, Alesandri abandonó el recinto y el oficialismo tuvo que levantar la sesión por falta de quorum, no pudiendo dar tratamiento al proyecto en cuestión.