SUQUIA
Un policía hallado muerto, una carta de despedida y muchas dudas.
Recién el año pasado- a siete del hecho- la Justicia Federal de Córdoba archivó el expediente judicial que investigaba la causa de muerte del policía Juan Alos, reafirmando que el Policía de Alta Gracia– quien para ese entonces se desempeñaba en la división Drogas Peligrosas «provocó voluntariamente su propia muerte, sin haber sido instigado a realizarlo ni haber recibido ayuda alguna de terceros”.
El caso, seguramente, fue uno de los que mas mantuvo en vilo a nivel policial en todo el país. Y es que antes de que la autopsia confirmara el presunto «suicidio», la familia del oficial descreía de esa teoría, precisamente porque existían hechos que los hacían dudar de ello. Alos estaba a punto de renunciar a su cargo y le había confesado a mas de uno que «las cosas no estaban bien allí » y que el «no quería quedar pegado». Al parecer, Alos había sido testigo de mas de una irregularidad en Drogas Peligrosas y eso lo tenía preocupado.
Alrededor de las 16:30 hs de un 30 de octubre, culminaba la segunda autopsia en el cuerpo del oficial de Policía Juan Alos realizado en la morgue provincial. Según había relatado el abogado del ex fiscal Emilio Drazile, Marcelo Touriño, la autopsia duró alrededor de 3 hs, y habría confirmado lo manifestado desde el principio por el abogado, es decir «que se trató de un suicidio».
«La farsa ha terminado de una vez», dijo en aquel entonces el letrado a este medio, a minutos de culminada la pericia. Y es que Drazile fue denunciado por mal accionar por parte del abogado de la esposa de Alos, el reconocido Carlos Nayi y no solo eso, el caso motivó un fuertísimo enfrentamiento entre el ex fiscal y el fiscal federal Enrique Senestrari. Para el primero el caso configuraba un claro suicidio, mientras que el funcionario federal sostenía la hipótesis de un homicidio.
El telón de fondo fue el denominado “Narcoescándalo”, una investigación judicial acerca de delitos cometidos por policías, vinculados al tráfico de drogas. Por ese caso condenaron en 2016 al ex jefe de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, y en 2019 un nuevo fallo judicial agravó las condenas de los cinco agentes involucrados, al considerar que se había tratado de una “asociación ilícita”.
En términos políticos, el “Narcoescándalo” originó la remoción de la cúpula de seguridad del Gobierno de aquel entonces, bajo el mandato de José Manuel de la Sota
