Un concejal cordobés impulsó un proyecto donde busca sancionar las agresiones que se producen en las movilizaciones por organizaciones civiles, políticas y sindicales. Diego Casado precisó que se pide modificar el Código de Convivencia.
La iniciativa fue presentada hace un año y busca multar a aquellas organizaciones que agreden, amenazan, lesionan y cometen “cualquier otro ilicitico”. Las multas irían desde los 60 mil a los 5 millones de pesos.
La sanción también se aplicaría si esas organizaciones realizan actos discriminatorios y si dañan “de manera deliberada, premeditada y dolosa los bienes muebles, muebles registrables e inmuebles que forman parte del dominio público o privado”.
Desde Hacemos por Córdoba aseguraron que la modificación busca que “el que quiera hacer o tener el derecho a huelga, lo haga conforme a lo que reza la Constitución y que no imposibilite el derecho de otros ciudadanos”. No obstante, aclaró que entiende los reclamos y añadió: “La gente está sufriendo en la calle y, con diálogo y consenso, las cosas llegan a buen puerto”.