Los seis partidos de la alianza opositora emitieron un comunicado en repudio de los alcances de la investigación que está desarrollando la Justicia Federal.
La Justicia Federal allanó la Casa Radical de la ciudad de Córdoba en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la reunión que todos conocen como “el locro de Juez” y desde Juntos para el Cambio reaccionaron con un enérgico comunicado en repudio.
El mencionado “locro” fue organizado por el Frente Cívico en la Sociedad Belgrano, donde Juez fue acompañado por los principales referentes de Juntos para el Cambio. No obstante, la cosa no quedó alí, porque cuando todavía estaban haciendo la digestión, el abogado Rafael Ortiz pidió se investigue por qué ese locro fue servido y hasta elaborado por personal del Tercer Cuerpo de Ejército.
Es en ese contexto que la Justicia Federal se metió en la Casa Radical, tal vez con dos preguntas principales: ¿Quién pagó el locro? y ¿Por qué estuvo cocinado por militares?
Lo cierto es que para Juntos para el Cambio la actitud de meterse en la tradicional sede partidaria fue demasiado.
Con la firma de los seis presidentes de los partidos que integran la alianza opositora, Marcos Carasso, Javier Pretto, Ernesto Martínez, Gregorio Hernández Maqueda, Gastón Dueñas Dabezies y Martín Carranza Torres en el comunicado conjunto indican que “observan con suma preocupación los hechos ocurridos cuando efectivos de la Policía Federal, bajo las órdenes de dos magistrados pertenecientes a Justicia Legítima, Senestrari y Vaca Narvaja, ingresaron a la histórica sede partidaria de la Unión Cívica Radical en la Ciudad de Córdoba, con el pretexto de investigar una denuncia realizada por un abogado ligado a Carlos Zannini, funcionario de máxima confianza de la vicepresidente Cristina Kirchner”.
“Resulta sorprendente cómo, desde el sector político que denuncia la existencia de un Partido Judicial, como herramienta para combatirlos a ellos, sean quienes en realidad incurren en actos de persecución política”, agregan.
El comunicado añade tres párrafos más:
“No sólo llama la atención la sugestiva celeridad judicial generada por una denuncia claramente política y el momento elegido para accionar contra el espacio de oposición más sólido en Córdoba y el país, sino el injustificado empleo de fuerzas federales de seguridad que deberían estar combatiendo el narcotráfico y otros graves delitos”.
“No vamos a permitir que este tipo de acciones ocurra en democracia y mucho menos en medio de una de las mayores crisis políticas, económicas y sociales que atraviesa nuestro país, a causa de la irresponsabilidad de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el Frente de Todos”.
“Son ellos quienes deben dar explicaciones en la Justicia por los hechos de corrupción perpetrados durante sus cuatro gobiernos y, más importante aun, darle alguna certeza a la ciudadanía, que sufre cada vez más la angustia de estar en un país sin rumbo”, concluyen.