SUQUIA
Estan acusados de “homicidio cuádruplemente agravado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego, con alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas. Para fundamentar los pedidos de arresto, el fiscal hizo hincapié en pruebas basadas en análisis de las comunicaciones y movimientos de los celulares que utilizaban la víctima y los sospechosos.
Cuatro personas fueron detenidas este lunes acusadas del homicidio de Fernando Pérez Algaba, el empresario de 41 años hallado descuartizado dentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge en julio pasado, mientras que otras dos que admitieron haber estado con él el día que desapareció permanecían prófugas, tras 18 allanamientos simultáneos realizados en distintas localidades del conurbano bonaerense y de Capital Federal, informaron fuentes policiales y judiciales.
Los detenidos fueron identificados por las fuentes como Matías Ezequiel Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo, Luis Alberto Contreras y Flavia Lorena Bomrad, mientras que los prófugos son Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, las dos últimas personas con las que “Lechuga” Pérez Algaba (41) tuvo contacto el 18 de julio último en el predio “Renacer” de General Rodríguez.
A los acusados, el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, les imputó el homicidio cuádruplemente agravado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego, con alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas.
En un principio, de acuerdo a la resolución judicial a la que tuvo acceso Télam, Monelos había hecho lugar a cinco de las siete detenciones solicitadas por el fiscal 5 de Lomas de Zamora, Marcelo Domínguez, ya que otras dos -entre ellas la de la gestora Bomrad y la de un subcomisario de la Policía de la Ciudad- habían sido denegadas por falta de pruebas.
Finalmente, la gestora fue también detenida porque durante un allanamiento que se realizó en su vivienda, en el partido de Morón, se secuestró un Ford Mondeo de su propiedad en el que se hallaron rastros de sangre, pelos y un aro que, se presume, pertenecía a la víctima.
Para fundamentar los pedidos de arresto, el fiscal hizo hincapié en pruebas basadas en análisis de las comunicaciones y movimientos de los celulares que utilizaban la víctima y los sospechosos.
Domínguez afirmó que el móvil del crimen del empresario Pérez Algaba fue una deuda por 50.000 dólares y por 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima, quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio de General Rodríguez a encontrarse con él.
En el mismo escrito -al que tuvo acceso Télam-, el representante del Ministerio Público expresó que, más allá de sus negocios en común, entre Pilepich y Pérez Algaba existía “una relación de amores y odio, en la que se advierte y se puede afirmar la existencia de discusiones peleas y amenazas que se efectuaban entre ambos”, e incluso hace mención a un antecedente en el que el ahora acusado “le había efectuado disparos de arma de fuego” hacia la víctima, aunque sin herirlo, en el mismo campo de General Rodríguez.
En un primer tramo de su acusación, el fiscal sostiene el agravante de un homicidio por “codicia” al entender “que existía una acreencia de la víctima para con Maximiliano Pilepich” y que el crimen ocurrió “luego de suscribir un documento de reconocimiento de deuda en una escribanía”.
A su vez, explica que “la principal tesis de investigación, que la colecta de elementos convictivos ha arrojado, consiste en que el día 18 de julio del corriente, en horario de la tarde, la víctima de autos se había dirigido a cobrar una deuda que tenía con el imputado Maximiliano Pilepich, de la que iba a cobrar un primer pago de veinte mil dólares, dirigiéndose al predio ‘Renacer’ en la localidad de General Rodríguez, en la intersección de las calles Las Américas y Ruta 6 de la mencionada localidad, movilizándose en un vehículo marca Range Rover Evoque color blanco, dominio LUA 048, donde también se encontraría con Nahuel Sebastián Vargas o bien habría viajado con el mismo desde el inicio del trayecto”.
Domínguez señala que “dicha deuda había sido documentada mediante una transacción privada que pactaron Pilepich y Pérez Algaba, la plasmaron en un instrumento privado y fueron a certificar las firmas estampadas en el mismo a la escribanía Cerrato de la localidad de Castelar”.
Los arrestos de tres de los acusados se realizaron esta madrugada en el marco de los 18 allanamientos en las localidades de Hurlingham, Castelar y Morón, en el oeste del Gran Buenos Aires; en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, y dos en la ciudad de Buenos Aires, llevados a cabo por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, quienes incautaron armas, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos que serán analizados para determinar si fueron utilizados en el crimen del empresario.
“Los teléfonos de todos los implicados impactan en el predio ‘Renacer’ de General Rodríguez y se van moviendo desde las 18 del 18 de julio hasta las 3 de la madrugada del día siguiente hasta Ingeniero Budge, donde fueron hallados los restos de Pérez Algaba”, confió a Télam un investigador al referirse a los elementos que hay contra los acusados.
Además de los prófugos, la policía busca la camioneta Mercedes Benz G500 de Pilepich, con que la se dirigió al predio “Renacer” y que tiene pedido de secuestro por parte de la fiscalía.
“Creemos que la camioneta Mercedes Benz fue utilizada para trasladar los restos de Pérez Algaba hasta el arroyo de Ingeniero Budge”, precisó a esta agencia un vocero.
Para el fiscal Domínguez, entre las 18 del 18 de julio y las 3 de la madrugada de 19, los acusados actuaron “de manera premeditada, entre sí y con una previa división de tareas”, para asesinar a “Lechuga” de dos disparos por la espalda.
Para el representante del Ministerio Público, “actuaron con alevosía, valiéndose en tal sentido del estado de indefensión que se encontraba la victima al habérsele disparado por la espalda y por codicia, al reportarles el citado homicidio un rédito económico ilegitimo”.
“Siguiendo con dicho plan criminal en lugar y en momento aún no determinado, seccionaron y embalaron el cuerpo de Fernando Alejandro Pérez Algaba y, previo a colocarlo en una valija de color roja con vivos negros de marca Brandy, en una mochila de color negra (…) y en un envoltorio confeccionado con bolsas de nylon negra, tipo consorcio, lo arrojaron en el Arroyo del Rey”, indicó el fiscal en su pedido de detención y allanamientos.
“De la presencia de Pilepich el 19 de julio a la madrugada en la zona de Ingeniero Budge, específicamente en donde impacta la antena correspondiente al domicilio perteneciente a Contreras, como así también los múltiples llamados entre Pilepich, Carrizo y Contreras en esas ocasiones, se desprende, palmariamente la estrecha vinculación entre ambos”, indicó el fiscal.
Un investigador aseguró a Télam que Pilepich y Contreras “estaban relacionados en una causa por robos” y que la pareja de éste último declaró haber visto a “Cooper”, el bulldog francés propiedad de Pérez Algaba, en su domicilio.
Contreras es hermano de la primera detenida en la causa, Alma Nicole Chamorro, una mujer trans que fue quien tenía en su poder la valija donde fue hallado parte del cuerpo de la víctima.
Esta tarde, los investigadores allanaban además un edificio en construcción en la calle Londres al 1600 del partido de Hurlingham ante la sospecha de que allí pudo haber sido descuartizado el cuerpo de Pérez Algaba. Voceros judiciales confirmaron que el fiscal Domínguez indagará mañana a los nuevos detenidos.
Los restos de Pérez Algaba fueron hallados entre el 22 y 24 de julio último en un arroyo de Ingeniero Budge, luego de que la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal denunciara no haber tenido más noticias suyas.
Tras el hallazgo e identificación de los restos, se supo que la víctima era un empresario que había vivido en Barcelona y Miami, que se dedicaba a la compra venta de autos y al trade y que tenía numerosas deudas por las que recibía constantes amenazas de sus acreedores.