Argentina aprobó un nuevo examen de la ONU sobre la situación de DDHH en el país

El embajador Federico Villegas resaltó la importancia que el Examen Periódico Universal tiene para el país y destacó la tarea realizada sobre violencia institucional, de género y derechos de la comunidad LGBTIQ que le permitieron aprobar por cuarta vez la evaluación.

AGENCIA TÉLAM

El Estado argentino aprobó este jueves su cuarto examen sobre derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, correspondiente al período 2018-2022, con una valoración por parte de los estados miembros a los avances en esa materia alcanzados por la Argentina, informó el Palacio San Martín en un comunicado.

Creado en 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, el EXamen Periódico Universal (EPU) del organismo con sede en Ginebra (Suiza), es el único mecanismo universal en el que, una vez cada cuatro años y medio, los 192 estados miembros de la ONU evalúan la situación de los derechos humanos en un país y la implementación de los compromisos internacionales asumidos.

La evaluación correspondiente al período 2018-2022 aprobada en la fecha se da luego de la participación argentina en el cuarto ciclo del EPU, realizado en enero pasado, donde se mantuvo un diálogo interactivo con más de cien Estados, quienes valoraron los avances en materia de derechos humanos alcanzados por la Argentina.

El Representante argentino en Ginebra, embajador Federico Villegas, resaltó en un comunicado la importancia que tiene para la Argentina el EPU como “instancia de diálogo universal e interpares, donde todos los países de Naciones Unidas se someten a una revisión periódica de sus políticas cada cuatro años y medio”.

Villegas valoró a ese ámbito como “una oportunidad para profundizar el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y compartir buenas experiencias y prácticas en materia de derechos humanos en todo el mundo”.

El Representante argentino reiteró los “compromisos voluntarios” efectuados por la Argentina al momento de la presentación del examen.

Entre otras cuestiones, mencionó las políticas orientadas a avanzar en la erradicación de la violencia institucional y el refuerzo de programas de prevención y contención para personas en situación de violencia de género.

Indicó también acciones tendientes a garantizar el acceso a los derechos para la comunidad LGBTIQ, y para darle continuidad al objetivo de seguir sensibilizando a la sociedad acerca de la necesidad erradicar los discursos de odio y discriminatorios.

Para la evaluación en el EPU, se tiene en cuenta la información brindada por cada Estado, lo que aporta la sociedad civil y también los procedimientos especiales y los órganos de tratados de Naciones Unidas.

Durante su participación en la 42 sesión del Grupo de Trabajo del EPU, celebrado en enero pasado en Ginebra (Suiza) la Argentina había ratificado su compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos al participar.

En ese marco, la delegación argentina mantuvo un diálogo interactivo ante representantes de los 107 Estados presentes en el Consejo de Derechos Humanos.

En esa oportunidad el país estuvo representado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, el embajador Federico Villegas, y la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Cecilia Meirovich.

La delegación argentina estuvo además integrada por representantes de la Secretaría de Derechos Humanos; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

El informe presentado por la Argentina destacó los avances realizados por el estado nacional en la implementación de las recomendaciones del Examen anterior que tuvo lugar en 2017, en el marco de las políticas públicas implementadas, en especial a partir de la asunción del presidente Alberto Fernández en diciembre de 2019.

El documento fue coordinado por la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos y contó con la participación de todas las agencias del Estado relevantes, así como de la sociedad civil, la que participó activamente de consultas.