Cuatro abogados publicaron un documento para pedir que se respete la presunción de inocencia en la provincia, lo que coincidió con fuertes protestas de los alojados en la Unidad de Contención del Aprehendido, donde hay versiones que aseguran que hace pocas horas murió otro detenido.
Crece la tensión entre detenidos, sus familiares y abogados de Córdoba contra lo que consideran “un abuso de la prisión preventiva en la provincia”.
La situación tiene al menos un par de aristas filosas: a una solicitada publicada este domingo, se sumó en las últimas horas el rumor de que hay malestar en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), donde, según allegados de algunos internos, hubo disturbios porque en las últimas horas habría fallecido otro detenido.
Sobre esta versión, un abogado de uno de los detenidos en ese lugar, donde se denuncian en forma permanente las condiciones de hacinamiento que allí se viven, señaló que “el detenido que falleció habría sufrido una descompensación derivada de una herida de bala con la que ingresó”.
Bajo el título “Justicia de Córdoba ¿Dónde estás?, la solicitada en cuestión, publicada en La Voz del Interior y firmada por los abogados Bibiana Ester Longo, Carlos Hugo Canovas, Francisco José Lavisse y Carlos Alfredo Buonacucina, plantea una serie de interrogantes, entre los que se destacan los siguientes: “¿Por qué no se respeta la presunción de inocencia de las personas procesadas, derecho fundamental de nuestra Constitución Nacional? ¿Por qué la prisión preventiva es la norma y no la excepción en nuestra Provincia? ¿Por qué una persona puede llegar a estar detenida hasta tres años sin que se inicie su juicio? ¿Quién va a reparar a Alexander Méndez Beltrán luego de un año y medio detenido siendo inocente? ¿Los funcionarios judiciales no deberían tener responsabilidad funcional por mala praxis y responder con sus bienes? ¿Por qué un fiscal puede atropellar dos jóvenes y darse a la fuga y la causa estar pendiente hace diez años? ¿Por qué las denuncias contra los funcionarios judiciales nunca avanzan? ¿Por qué se hace uso y abuso de la figura de la asociación ilícita, figura penal creada durante la dictadura militar para mantener a gente presa? ¿Por qué la defensa tiene diez días para responder un pedido de la justicia y un funcionario judicial puede tomarse hasta siete meses sin respetar los términos legales? ¿Por qué la justicia en muchos casos aplica la subjetividad (indicios y supuestos) para acusar a una persona en lugar de basarse en hechos y pruebas concretas y objetivas? ¿Por qué la justicia dispone de los bienes de personas inocentes, como los automotores? ¿Qué margen le queda a la justicia de absolver a una persona inocente después de tres años de prisión preventiva sin juicio?”.
La solicitada exige además que “se informe acerca de la cantidad de personas detenidas, prisiones preventivas, juicios abreviados, condenas en primera instancia y condenas firmes”.
Con respecto al reciente contagio de covid-19 y posterior fallecimiento de una persona que habría estado alojada en la UCA, el documento se pregunta: “¿Quién responde por las personas que hoy se encuentran en coma, o perdieron la vida habiéndose contagiado de COVID en la cárcel, estando en prisión preventiva sin condena? ¿Cuántas familias, economías, círculos sociales y sueños se arruinan con este accionar de la justicia?”.
Más adelante, los abogados firmantes se refieren a casos puntuales que tuvieron mucha resonancia en la prensa y apuntan: “¿Por qué no se respeta la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del caso Loyo Fraire o la recomendación del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, caso Guillermo Luis Lucas?”
Finalmente, los abogados firmantes, cierran la solicitada con una pregunta “¿Los cordobeses vivimos en libertad condicional?”.