El Senado sancionó la reforma que reduce el alcance del régimen ampliado en 2021. Trece departamentos cordobeses están alcanzados por los cambios y la asistencia quedará vinculada a nuevos criterios socioeconómicos.
El Senado convirtió en ley este jueves la reforma del régimen de Zonas Frías, una modificación que tendrá impacto directo sobre las facturas de gas de numerosos hogares de Córdoba.
La iniciativa fue sancionada por 38 votos afirmativos y ocho negativos y modifica el esquema que había sido ampliado en 2021 para incorporar localidades de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y otras provincias.
El cambio implica que los usuarios cordobeses alcanzados por aquella ampliación dejarán de recibir automáticamente el descuento por el solo hecho de vivir en una zona considerada fría. Hasta ahora, las bonificaciones podían representar entre el 30% y el 50%.
Qué zonas de Córdoba están alcanzadas
En Córdoba, los cambios afectan a departamentos que habían sido incorporados al esquema en 2021. Entre ellos figuran Capital, Calamuchita, Santa María, Río Cuarto, San Javier, Marcos Juárez, Unión, Río Segundo, Tercero Arriba, General Roca, General San Martín, Juárez Celman y Presidente Roque Sáenz Peña.
De esta manera, los hogares de esas zonas dejarán de contar con la bonificación general asociada exclusivamente a su ubicación geográfica.
La reforma concentra el régimen territorial principalmente en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, áreas que integraban el esquema original previo a la ampliación de 2021.
Qué pasará con las facturas
La eliminación del beneficio geográfico no significa necesariamente que todos los usuarios afectados deban pagar el costo pleno del gas. La normativa contempla que determinados hogares puedan recibir asistencia a través del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), de acuerdo con su situación socioeconómica.
También cambia la forma de calcular la ayuda: el beneficio pasará a aplicarse sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa, por lo que el efecto final dependerá de la situación de cada usuario, su consumo y los subsidios que le correspondan.
Según estimaciones de la Secretaría de Energía citadas durante el debate público del proyecto, los usuarios de las zonas que pierdan el beneficio y no accedan al esquema focalizado podrían afrontar incrementos promedio cercanos a $15 mil mensuales, aunque el impacto concreto variará según el consumo y la composición de cada factura.
Un régimen que había sido ampliado en 2021
El régimen tiene su origen en la Ley 25.565 de 2002 y originalmente contemplaba beneficios para consumos residenciales de gas de la Patagonia, la Puna y Malargüe. En 2021, la Ley 27.637 amplió considerablemente su cobertura e incorporó nuevas regiones del país, entre ellas distintos departamentos cordobeses.
La ley sancionada ahora reduce nuevamente ese alcance. El Gobierno fundamentó la modificación en el costo fiscal y el funcionamiento del fondo que financia las bonificaciones, mientras que sectores opositores cuestionaron el efecto que tendrá la eliminación del beneficio sobre los hogares de las regiones excluidas.
