Con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados dio sanción a la reforma que redefine el alcance de la protección de glaciares y zonas periglaciares, en medio de un fuerte debate político y ambiental.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares, en una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La modificación introduce cambios significativos respecto de la normativa original sancionada en 2010, que establecía la protección amplia de los glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la redefinición del alcance de esa protección. A partir de ahora, solo quedarán bajo resguardo aquellas formaciones que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”, lo que implica un criterio más restrictivo que el vigente hasta ahora.
En esa línea, se otorga un mayor protagonismo a las provincias, que podrán establecer sus propios criterios para determinar qué áreas proteger. Este cambio fue impulsado en parte por distritos con actividad minera, que reclamaban mayor autonomía en la gestión de sus recursos.
Otro punto clave es la modificación del rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que deja de tener un rol central en la definición científica de los glaciares y pasa a cumplir una función más vinculada al registro y consulta.
La reforma también cambia el sistema de prohibiciones. En lugar de una restricción general, se establece un esquema de evaluación caso por caso, donde las provincias definirán qué actividades pueden desarrollarse a partir de estudios de impacto ambiental.
Además, se introduce un enfoque de protección revisable: aquellas áreas que inicialmente estén protegidas podrán dejar de estarlo si se determina que no cumplen con las funciones hídricas exigidas por la nueva normativa.
Desde el Gobierno nacional sostienen que estos cambios permitirán ordenar el marco legal, evitar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental. Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientalistas advirtieron sobre los riesgos de habilitar actividades en zonas sensibles para la conservación del agua.
El debate dejó en evidencia las tensiones entre desarrollo productivo y protección ambiental, en una discusión que continuará en los próximos meses tras la eventual promulgación de la ley.
