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Qué establece la nueva ley de discapacidad aprobada por el Congreso y cuáles son sus principales cambios

La normativa mantiene las pensiones no contributivas, permite compatibilizarlas con el empleo formal y garantiza la actualización de los beneficios. También fija reglas para prestadores, cobertura médica y auditorías.

El Congreso de la Nación aprobó una nueva ley de discapacidad que establece un marco permanente para las pensiones no contributivas, las prestaciones de salud y el financiamiento del sistema. La normativa fue sancionada este jueves por el Senado, con 71 votos a favor y ninguno en contra, después de incorporar modificaciones durante su tratamiento legislativo.

La aprobación llega antes del vencimiento, previsto para el 31 de diciembre, de la emergencia en discapacidad. El objetivo del nuevo esquema es establecer reglas de funcionamiento que no dependan de sucesivas prórrogas.

Entre los principales puntos se encuentran el mantenimiento de las pensiones, su actualización para preservar el poder adquisitivo, la continuidad del nomenclador universal de prestaciones y la posibilidad de que los beneficiarios accedan a un empleo formal sin perder automáticamente la asistencia económica.

Pensiones equivalentes al 70% de la jubilación mínima

La ley establece que las pensiones no contributivas por discapacidad tendrán un monto equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) continuará siendo la principal vía de acreditación para acceder al beneficio, junto con los demás requisitos establecidos por la normativa.

Además, se dispone que los ingresos de los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo respecto del año anterior, mediante mecanismos de actualización que contemplen la inflación.

Se podrá trabajar y mantener la pensión

Uno de los cambios centrales es la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el empleo registrado.

Las personas con CUD podrán conservar la prestación económica si comienzan a trabajar formalmente o se inscriben en un régimen tributario, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La medida establece condiciones para compatibilizar la asistencia económica con la actividad laboral, sin que el ingreso al mercado de trabajo implique necesariamente la pérdida del beneficio.

Se mantiene el nomenclador universal de prestaciones

La normativa conserva el nomenclador universal y el sistema de aranceles unificados para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Este instrumento establece referencias para los valores de los servicios brindados por instituciones y profesionales, entre ellos tratamientos de rehabilitación y otras prestaciones contempladas en el sistema.

La ley también garantiza que los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad puedan acceder a las prestaciones básicas de salud previstas en la Ley 24.901, a través del programa Incluir Salud.

Qué pasará con las deudas a prestadores

Otro punto de la legislación está relacionado con los pagos pendientes a instituciones y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad.

Si existen deudas al momento de la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días.

Además, tendrá un plazo de 90 días para cancelar los montos adeudados.

La normativa contempla partidas específicas del Ministerio de Salud para financiar el sistema y establece la posibilidad de utilizar recursos del Tesoro nacional cuando los fondos asignados resulten insuficientes.

Auditorías y controles de los beneficios

La nueva ley incorpora mecanismos de fiscalización para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y permanencia en las prestaciones.

La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías periódicas mediante el intercambio de información con organismos como Anses, Arca, Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys).

Ante la detección de incumplimientos objetivos, podrá disponerse la suspensión preventiva de un beneficio.

Sin embargo, el procedimiento deberá garantizar la notificación al titular, la posibilidad de ejercer su defensa y mecanismos de rehabilitación provisoria de la prestación.

Cuánto costará la implementación

Durante el debate parlamentario se presentaron estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el impacto fiscal de la normativa.

El senador Guillermo Andrada mencionó un costo estimado de 600 mil millones de pesos para 2026, mientras que Agustín Monteverde señaló una proyección de 1,2 billones de pesos para 2027.

En ese contexto, distintos legisladores plantearon la importancia de que el Presupuesto nacional del próximo año contemple los recursos necesarios para cumplir las obligaciones establecidas.

Cuándo comenzará a aplicarse

Con la sanción definitiva del Congreso, la nueva ley deberá atravesar las etapas de promulgación, publicación oficial y reglamentación correspondientes.

El Poder Ejecutivo tendrá a su cargo definir los procedimientos administrativos necesarios para implementar las disposiciones.

Por lo tanto, la aprobación legislativa no significa que todos los cambios comiencen a aplicarse automáticamente desde este viernes 20 de noviembre.

La puesta en funcionamiento del sistema dependerá de los pasos administrativos y presupuestarios previstos para su implementación.

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