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El TSJ analizará una demanda contra la ordenanza que regula Uber, DiDi y Cabify en Córdoba

La presentación fue realizada por un dirigente de los taxistas y dos licenciatarios. La Justicia rechazó suspender la normativa, que continuará vigente mientras se tramita la causa.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba admitió formalmente una demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza municipal que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte, como Uber, DiDi y Cabify, en la ciudad.

La resolución, fechada el 4 de noviembre, habilita el análisis judicial de la normativa vigente desde octubre de 2025. Sin embargo, el tribunal todavía no se pronunció sobre su constitucionalidad y rechazó el pedido de suspender su aplicación mientras avanza el proceso.

La demanda fue presentada el 6 de octubre de 2025 por Héctor Miguel Arias, chofer y secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Córdoba (Sipetaco), junto con Paulo Daniel Ferlauto, titular de una licencia de taxi, y Daniel Ricardo Quinteros, licenciatario de remis.

Los tres realizaron la presentación a título personal, por lo que el sindicato no figura formalmente como demandante.

Qué cuestionan los taxistas y remiseros

El planteo judicial apunta contra distintos artículos de la ordenanza 13.549, principalmente por la clasificación del transporte mediante aplicaciones como un “servicio privado de interés público”.

Los demandantes sostienen que estas plataformas cumplen una función equivalente a la de los taxis y remises y que, por lo tanto, deberían estar sujetas a las mismas obligaciones.

Entre los principales cuestionamientos aparecen las diferencias en las tarifas, los impuestos, las licencias y las condiciones laborales.

Mientras los taxis y remises tienen tarifas reguladas por el municipio, las aplicaciones funcionan con un sistema que contempla un precio mínimo obligatorio y valores dinámicos informados a los usuarios.

Para los denunciantes, esta diferencia genera una competencia desleal y perjudica la continuidad de los servicios tradicionales.

El abogado Carlos Cafure, asesor del sector gremial, afirmó que los taxis y remises perdieron más del 50% de sus viajes habituales por el avance de las plataformas. No obstante, se trata de una estimación de los demandantes que no fue acreditada por el tribunal.

Seguros, condiciones laborales y controles

La demanda también cuestiona las condiciones de trabajo de los conductores de aplicaciones, especialmente por la utilización del monotributo y la ausencia de determinados derechos propios de una relación laboral de dependencia.

Otro de los puntos señalados es la cobertura de seguros. Los demandantes advierten sobre la posibilidad de que algunos vehículos utilicen pólizas particulares que no contemplen el transporte comercial de pasajeros.

Además, plantean dudas sobre la capacidad de la Municipalidad para controlar la inscripción de conductores, las condiciones de los vehículos y el cumplimiento del límite de 12 horas diarias de servicio.

El reclamo incluye cuestionamientos sobre la protección de los consumidores y las condiciones contractuales de las empresas.

Qué resolvió el Tribunal Superior de Justicia

El TSJ aceptó analizar si la Municipalidad de Córdoba actuó dentro de sus atribuciones al establecer un régimen diferenciado para las aplicaciones de transporte.

La discusión judicial estará centrada en la compatibilidad de la ordenanza con la Constitución provincial, particularmente en lo referido a las facultades municipales para regular los servicios públicos locales.

Sin embargo, los jueces rechazaron la medida cautelar solicitada por los demandantes para suspender la normativa.

Consideraron que no se había demostrado de manera suficiente un perjuicio cierto e inminente que justificara frenar su aplicación.

El tribunal ordenó citar a la Municipalidad de Córdoba para que comparezca, responda la demanda y ofrezca pruebas en un plazo de seis días. También dispuso la intervención del fiscal general de la Provincia.

Las aplicaciones seguirán funcionando

Mientras se desarrolla el proceso judicial, la ordenanza continuará vigente y las plataformas deberán seguir cumpliendo las disposiciones municipales.

En paralelo, el concejal oficialista Diego Casado presentó un proyecto para modificar el régimen de sanciones.

La iniciativa propone que las empresas paguen las multas cuando asignen viajes a conductores sin inscripción municipal, siempre que esa sea la única infracción detectada.

También contempla un plazo de 30 días para regularizar la situación y establece que no se retenga el vehículo únicamente por esa falta.

Por el momento, el Tribunal Superior de Justicia no fijó una posición definitiva sobre la validez constitucional de la regulación, por lo que el conflicto continuará en el ámbito judicial.

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