La medida impacta sobre el programa Volver al Trabajo y marca el fin del esquema heredado del Potenciar Trabajo. Buscan orientar la asistencia hacia la formación y el empleo.
El Gobierno nacional avanzará desde abril con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de aproximadamente $78 mil mensuales y su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación laboral, en una decisión que redefine la política social vigente.
La medida alcanza al programa Volver al Trabajo, que había surgido como continuidad del Potenciar Trabajo, y representa el cierre definitivo de ese esquema de asistencia que durante años funcionó con intermediación de organizaciones sociales.
Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, indicaron que los beneficiarios ya comenzaron a ser notificados sobre la finalización del plan y la posibilidad de incorporarse al nuevo sistema, que estará enfocado en la capacitación y la inserción laboral.
El universo alcanzado ronda las 900 mil personas, correspondientes al segmento considerado en condiciones de incorporarse al mercado de trabajo. En paralelo, otro grupo cercano a 300 mil beneficiarios, con mayores dificultades de inserción, continuará bajo esquemas de asistencia diferenciada.
El nuevo modelo implica un cambio estructural: se dejarán de otorgar transferencias mensuales generalizadas para pasar a un sistema condicionado a la formación. Los vouchers serán asignados directamente a los beneficiarios, quienes deberán inscribirse y cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos.
Además, el esquema elimina la intermediación de organizaciones sociales y establece que el financiamiento llegará directamente a las personas, que podrán elegir dónde capacitarse dentro de una red de centros en desarrollo a nivel federal.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es vincular el gasto público con resultados concretos en materia de empleo, promoviendo la formación en áreas con demanda productiva y reduciendo la dependencia de la asistencia estatal.
La medida también tiene impacto fiscal, ya que la eliminación de estos planes representa un recorte significativo del gasto, aunque parte de esos recursos será destinada a financiar las capacitaciones y reforzar políticas educativas.
Con este cambio, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo centrado en la capacitación laboral y la inserción en el empleo formal, dejando atrás el esquema de asistencia masiva implementado en los últimos años.
