La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que mantiene las pensiones no contributivas, permite compatibilizarlas con el empleo formal y refuerza la cobertura médica. La iniciativa, que reemplazaría la Emergencia en Discapacidad, deberá pasar por el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves 22 de octubre un nuevo proyecto de ley de discapacidad que introduce modificaciones en el sistema de pensiones, prestaciones médicas, controles y financiamiento.
La iniciativa recibió 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones, después de una extensa negociación entre el oficialismo, sus aliados y distintos bloques opositores.
El texto busca reemplazar la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia termina a fines de 2026, por un régimen permanente que garantice la continuidad de los principales beneficios.
Aunque obtuvo un amplio respaldo legislativo, todavía no se convirtió en ley, ya que deberá ser debatido y aprobado por el Senado.
Qué cambia con las pensiones por discapacidad
Uno de los principales puntos del proyecto es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, que mantendrán un valor equivalente al 70% de la jubilación mínima.
El texto también contempla su actualización por inflación y ratifica al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal instrumento para acceder al beneficio.
De esta manera, se descartaron las modificaciones que el Gobierno había incluido inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2027, que establecían criterios más restrictivos para el otorgamiento de pensiones.
Se podrá trabajar sin perder la pensión
Otra modificación importante es la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el empleo formal.
La propuesta establece que las personas con CUD podrán conservar el beneficio aunque tengan un trabajo registrado o estén inscriptas en regímenes tributarios.
Para acceder a esa posibilidad, sus ingresos no deberán superar el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La medida busca facilitar la incorporación al mercado laboral sin que conseguir un empleo implique automáticamente la pérdida de la asistencia económica.
Qué pasará con la cobertura de salud
El proyecto garantiza que los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad y por invalidez laboral puedan acceder a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901.
La cobertura se brindará mediante el programa Incluir Salud, destinado a personas beneficiarias de pensiones no contributivas.
También se mantiene el nomenclador universal de prestaciones y un sistema de aranceles unificados para los servicios destinados a personas con discapacidad.
Esto significa que continuará existiendo una referencia común de valores para las prestaciones, en lugar de permitir que cada obra social, prepaga o provincia establezca sus propios aranceles.
Más controles sobre los beneficios
La nueva normativa contempla auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y permanencia en el sistema.
La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá cruzar información con organismos como Anses, Arca, Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Ante la detección de un incumplimiento objetivo, se podrá disponer una suspensión preventiva del beneficio.
Sin embargo, el procedimiento deberá garantizar la notificación al titular, su derecho a defensa y mecanismos de rehabilitación provisoria cuando corresponda.
El objetivo es evitar irregularidades sin habilitar bajas arbitrarias de las pensiones.
Cómo se financiará el sistema
Durante las negociaciones, la oposición solicitó incorporar garantías específicas para asegurar los recursos necesarios para sostener las prestaciones.
El texto identifica partidas presupuestarias del Ministerio de Salud destinadas al financiamiento del régimen.
También prevé compensaciones del Tesoro Nacional en caso de que los fondos asignados resulten insuficientes.
Además, establece que el Gobierno deberá garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
Qué ocurrirá con las deudas a prestadores
La iniciativa incorpora un mecanismo para regularizar los pagos pendientes a instituciones y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad.
Si al momento de sancionarse la ley existen deudas, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días.
La cancelación de esos compromisos deberá concretarse dentro de un plazo de 90 días.
Este punto fue uno de los reclamos planteados durante el debate, aunque algunos legisladores cuestionaron que el proyecto no contemple una actualización de las deudas acumuladas.
Por qué hubo un acuerdo entre el oficialismo y la oposición
La discusión se produjo después de que el Gobierno incorporara al Presupuesto 2027 una serie de modificaciones que restringían el acceso a las pensiones y eliminaban el arancel único de prestaciones.
Entre las medidas propuestas inicialmente figuraba la incompatibilidad absoluta entre el empleo formal y las pensiones, además de la eliminación del CUD como vía directa de acceso al beneficio.
Ante el rechazo de distintos bloques y organizaciones vinculadas con la discapacidad, el oficialismo aceptó retirar esos cambios y avanzar con un texto consensuado.
La votación contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas y otras fuerzas parlamentarias.
Sin embargo, diputados cordobeses de distintos espacios votaron en contra al considerar que las organizaciones de personas con discapacidad no habían participado suficientemente en la elaboración del proyecto.
Cuándo entrarán en vigencia los cambios
Por el momento, las modificaciones no están vigentes. El proyecto cuenta únicamente con media sanción de la Cámara de Diputados.
El siguiente paso será su tratamiento en el Senado, donde deberá obtener la aprobación necesaria para convertirse en ley.
De completar el trámite legislativo y ser promulgada, la normativa permitirá reemplazar el régimen de emergencia por un esquema permanente de pensiones, prestaciones, cobertura sanitaria y financiamiento.
El objetivo del acuerdo es dar mayor previsibilidad a las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios, evitando la necesidad de prorrogar periódicamente la emergencia.
